CIUDAD OBREGÓN, SON.- La decisión del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de secar una cuenca hidrológica para saciar la sed de Hermosillo, ha dinamitado la vida sonorense y los daños colaterales se han esparcido por todo el país.
Su insistencia en concluir el Acueducto Independencia ha violentado la convivencia de ese estado y, sobre todo, los derechos históricos de los yaquis.
Desde el pasado 29 de mayo, la paz social se rompió, cuando la tribu yaqui se levantó y paralizó la principal carretera del noroeste. Desde entonces, las exportaciones y la agricultura de este valle están en riesgo. La obra, en sí misma, ha generado una inversión ociosa de 4 mil millones de pesos.
“El gobernador es un tirano y hace lo que quiere, pero si es necesario, los yaquis defenderemos lo que es nuestro hasta con enfrentamientos militares, como hace miles de años”, amaga Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu Yaqui.
El Acueducto Independencia se encuentra sobre el Río Yaqui, exactamente sobre la presa General Plutarco Elías Calles, El Novillo, a unos 150 kilómetros de Hermosillo. Su longitud rebasa los 132 kilómetros desde la presa hasta el Organismo Operador Municipal de agua Potable de Hermosillo.
Y a pesar de que actualmente están en revisión juicios de amparo, el 3 de julio la Corte decidió que el Acueducto Independencia continuara en operación para abastecer de agua al municipio de Hermosillo.
Pero los yaquis no quieren que se siga trasvasando el líquido que por derecho les pertenece. Defienden la obligación que las autoridades tienen de tomarlos en cuenta, escucharlos y que respeten sus derechos, esos que se violaron al no darles audiencia para que expusieran su opinión en uno de los principales proyectos de la administración del panista Guillermo Padrés.
Humberto Borbón, gerente del distrito de riego, reconoce que actualmente operan dos de las cinco bombas, como parte del proceso de pruebas del Acueducto, y que a la fecha han sido trasvasados alrededor de 10 millones de metros cúbicos de agua.
La propiedad que tiene la tribu yaqui sobre aguas y tierras se remonta al 27 de octubre de 1937, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas resolvió el problema agrario de la región yaqui de Sonora, otorgándole 500 mil hectáreas de tierras que les habían despojado en las últimas décadas, así como el derecho al 50% de las aguas del Río Yaqui.
Duro golpe a la supervivencia
El trasvase de 75 millones de metros cúbicos anuales del Acueducto Independencia a Hermosillo representará dejar de sembrar en cada ciclo agrícola unas 10 mil hectáreas de cultivos, puesto que el líquido les llega a través de la cuenca del rio Yaqui.
“Esas 10 mil hectáreas significarían para los yaquis más del 50 por ciento del área agrícola que tenemos en explotación, actualmente se están sembrando únicamente 18 mil hectáreas”, subraya Rojo Valencia a 24 HORAS.
El portavoz yaqui advierte que la falta de agua aceleraría también el problema de salitre en sus terrenos agrícolas. Actualmente tienen alrededor de cuatro mil hectáreas infectadas.
En la etnia son aproximadamente dos mil familias las usuarias del agua del Río Yaqui y, además de la agricultura, subsisten de la ganadería, apicultura y silvicultura, basada en el corte de leña y frutas silvestres, actividades que depende de la humedad del ambiente que generan los riegos agrícolas. Estos sectores productivos dan trabajo a los habitantes de 56 asentamientos.
“La violación a los derechos de la tribu yaqui no son por simple descuido de las autoridades, el beneficio real del Acueducto no es a la población sino a los terratenientes y la zona industrial, donde ya se están instalando empresas nacionales y transnacionales, cuyo consumo de agua es elevado: cerveceras, refresqueras y maquiladoras de todo tipo, así como la ampliación de otras como la planta Ford”, acusó Tomas Rojo.
“El agua es nuestro único recurso, si no la quitan, nos quitan todo”, reflexiona el líder yaqui. “Es un golpe existencial para mis hermanos y para toda la tribu, pero si nos despojan vamos a luchar hasta el final”.
La Federación y la solución
Juan Leyva Mendívil, líder del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui, y quien ha estado muy de cerca apoyando la defensa de los yaquis, dice que las posibilidades de llegar a un acuerdo -y que se cierre eventualmente el Acueducto- son reales, pero con el Gobierno federal.
“Por la cerrazón del Gobierno estatal vemos casi agotadas las posibilidades de llegar a un acuerdo, ya que desde el principio de las pláticas el gobernador dijo se iba a hacer, queramos o no queramos, apoyado por el presidente Felipe Calderón. Nosotros consideramos agotadas las posibilidades aquí en el estado, pero con el gobierno federal sí vemos la posibilidad de llegar a un acuerdo y lo estamos buscando”, declara.
Asegura que luego de las reuniones que han tenido con Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, las negociaciones siguen y ve una buena postura para llegar a acuerdos, aunque destacó que mientras no se cierre el Acueducto Independencia, el plantón en la carretera se mantendrá.
“El compromiso fue lograr una alternativa y lo que se trató en la mesa fue la instalación de una desalinizadora”, comenta.
El Gobierno federal estudia alternativas y parece que todo se dirige a una sola: construir una desalinizadora para abastecer a la capital del estado de agua. Sin embargo, dicha medida obligaría un segundo gasto de unos de 3 mil 500 millones de pesos.
“El compromiso en la mesa de negociaciones con el gobierno federal es la construcción de una desalinizadora y esto es una muestra de la cerrazón del gobierno estatal, porque por ahí se debió empezar. Se planteó desde un principio pero el gobernador no quiso escuchar”, acusa Mendívil, quien ha mantenido una serie de reuniones con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.
Subraya que siguen valorando dicha posibilidad pero primero tendría que parar el trasvase y que se desmantele el Acueducto.
Lucha legal sin fin
Actualmente existen siete juicios de amparo promovidos por productores agrícolas, un núcleo ejidal y la tribu Yaqui, además de dos controversias constitucionales promovidas por los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto, y dos averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad, previsto por el artículo 206 de la Ley de Amparo.
Ante todo lo anterior, los yaquis no cesarán su lucha ni levantarán el plantón carretero y, si es necesario, el conflicto llegará a las últimas consecuencias.
Tomás Rojo Valencia, vocero de los indígenas yaquis es claro. “El agua es de los Yaquis. Vamos a seguir hasta donde haya que llegar, lo que sea”, expresa.
El calor de tierras sonorenses alcanza los 40 grados, la temperatura sube y el tono de sus palabras también.
“El gobernador no escucha, ya hay sentencias a nuestro favor y él simplemente no hace caso. Aquí en Sonora él controla todo y hace lo que su voluntad le dicte”.
La Lucha de Rojo Valencia, confiesa, puso en riesgo su propia vida. “Sí he recibido amenazas, me llegan de los enemigos que ya conocemos y de otros personajes obscuros, pero no me importa, si ya no estoy yo vienen otros atrás; somos muchos y esto no es una lucha de uno, no es mía, es de todos los Yaquis”.
El bloqueo en Vícam
La tribu vive desde hace dos meses aquí, en Vícam, localidad yaqui en el kilómetro 51. Bloquean la carretera federal México-Nogales y a pesar de que cientos de camiones permanecen parados, don Ernesto, líder yaqui, afirma que se siente mal por la situación.
“No queremos seguir así, sabemos que afectamos a muchas personas, pero es nuestra defensa, queremos que nos entiendan y que lo único que queremos es seguir teniendo nuestro único sustento, que es el agua”.
A un costado de la carretera yacen sillas y algunas mesas, equipo de sonido y en la otra acera, mujeres yaquis hacen tortillas para que los manifestantes -y quien lo desee- puedan comer.
Además, se supo que el alimento de la tribu y todos los gastos para la defensa del agua provienen de particulares: empresas -nacionales y trasnacionales- que dan entre 20 pesos y 250 mil pesos para que la defensa no cese en recursos.
“La lucha ha sido mediante la denuncia, información, la movilización, la resistencia civil y, ahora, con el bloqueo, pero de aquí ya entraríamos a un clima de autodefensa, porque de en adelante van a comenzar las agresiones físicas, verbales, actos intimidatorios y no nos va a quedar otra que defendernos.
La tribu Yaqui tiene permisos para portar armas, nuestras guardias tradicionales tienen permiso para portar armas porque es mediante un decreto presidencial, donde a la tribu nunca se le desarmó”
Tomás Rojo Valencia
vocero de la tribu yaqui
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