La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Mayela Almonte Solís, informó que “es la primera vez que el Gobierno del Distrito Federal aprovecha los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”, que para el 2013 destinó un millón 499 mil 750 pesos.
Con los recursos federales el GDF, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, podrá financiar los programas de actualización para el personal de custodia.
Con estas partidas presupuestarias, 710 técnicos en seguridad del Sistema Penitenciario del DF reciben cursos de actualización táctica, así como de desarrollo humano, motivación y liderazgo.
La capacitación se da dentro de la aplicación del Sistema penal Acusatorio, acorde con el modelo de seguridad nacional que la Federación impulsa a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
Los cursos de actualización tienen como propósito combatir la corrupción y garantizar la seguridad institucional como los derechos humanos de la población en reclusión.
El Instituto de Capacitación Penitenciaria (Incape) creó 17 grupos de personal de custodia, y cada uno de ellos recibirá durante una semana 40 horas de capacitación en bloques de Cadena de valores, Motivación para el trabajo en equipo, Técnicas de atención al usuario y Liderazgo.
En ellos abordarán el Marco Jurídico y Normativo, Control y Manejo de Disturbios en Centros Penitenciarios, Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos, Métodos de Identificación y Detección de Drogas, Uso y Manejo Seguro de Armas de Fuego y Conducción de Vehículos y Traslado de Personas.
Los cursos fueron diseñados por el Incape y serán impartidos por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF, para lo cual se firmó un convenio entre ésta y la Secretaría de Gobierno.
Mayela Almonte destacó que el personal Técnico en Seguridad es un pilar imprescindible del Sistema Penitenciario, lo cual exige capacitación especializada que le permita estar vigente en los procedimientos y normativas que ayuden a disminuir las incidencias negativas que ponen en riesgo la estabilidad de los centros de reclusión, como el uso de la fuerza y las posibles prácticas de corrupción.
“Por ejemplo, en caso de ser necesaria la puesta en marcha de protocolos y procedimientos de seguridad, que estén preparados para realizarlos en el marco del respeto de la Ley y desde luego de los derechos humanos de la población Interna”, dijo la funcionaria.