La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Secretaría de Salud y legisladores trabajan en una iniciativa de reforma a la Ley General del ramo para otorgar al Seguro Popular facultades para vigilar el uso de recursos en los estados y evitar desvíos como el que presuntamente ocurrió durante el gobierno de Andrés Granier.
El año pasado, el gobierno de Tabasco habría utilizado mil 800 millones de pesos del presupuesto del Seguro Popular para la construcción de carreteras y adquisición de patrullas. Esto derivó en servicios incompletos para los afiliados al programa de salud, además de deudas millonarias con hospitales, personal médico y distribuidores de fármacos.
En la actualidad, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que opera el Seguro Popular se limita a depositar los recursos a las secretarías de finanzas estatales, que a su vez los transfieren a las secretarías de salud, las cuales determinan su uso final.
Conforme a la Ley General de Salud, los estados tienen la obligación de destinar 30% de su presupuesto a la adquisición de medicamentos y 30% al pago de personal médico, 20% más a prevención y promoción de la salud, 2% para infraestructura hospitalaria, 6% para insumos tecnológicos y 10% más para el funcionamiento de la oficina del Seguro Popular del estado.
No obstante, año con año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emite observaciones por el mal uso del presupuesto. La mitad de los estados del país aparece han registrado estos señalamiento, sin que se haya corregido el problema, aseguró el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Isaías Cortés.
En este contexto, la iniciativa que se analiza obligaría a la Secretaría de Finanzas a que “baje” el recurso a las cuentas de la Secretaría de Salud en los primeros cinco días del mes, y los servicios de salud comiencen a ejercerlo de inmediato en los rubros correspondientes, explicó el legislador.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 de la ASF reportó inconsistencias equivalentes a cinco mil 743 millones de pesos de los recursos asignados a 31 entidades federativas.
Del monto total, dos mil 361 millones de pesos fueron recursos cuyo gasto las entidades no pudieron comprobar, y mil 95 millones de pesos más que se destinaron a programas diferentes al Seguro Popular.
En este marco la iniciativa plantea fortalecer la figura del comisionado estatal del Seguro Popular. El perfil a cubrir será que la persona conozca el funcionamiento del programa y del sistema de salud, además de que tendrá que ser aprobado por la Secretaría de Salud.
Todo esto, explicó Cortés, permitirá que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el comisionado del Seguro Popular tengan atribuciones para solicitar informes trimestrales o semestrales y ubicar los focos rojos en la administración de los recursos estatales.
Actualmente, las auditorías y las contralorías estatales son las únicas instancias con atribuciones para fiscalizar los recursos, pues al llegar a cada entidad pasan a formar parte del presupuesto estatal, lo cual impide que la Federación intervenga.
“No puedo decirle al doctor: a ver doctor por qué no están gastando el dinero en atención, porque legalmente no tengo las facultades, pues a partir de la descentralización de los servicios de salud, los estados son autónomos (…) mi obligación es mandarle dinero a los estados para los programas y el secretario decide la prioridad”, explica el comisionado del Seguro Popular, Gabriel O’Shea.
Para abonar al uso eficiente de los recursos, agregó, actualmente se lleva a cabo una depuración del padrón de afiliados. Se calcula que hay siete millones de derechohabientes del IMSS y 1.5 millones del ISSSTE que también están en el Seguro Popular, lo que genera duplicidad, ya que la Comisión asigna presupuesto en función del número de afiliados.
O’Shea explicó que la revisión lleva un avance de 85% y estará concluida a finales de año, cuando también se espera que sea aprobada la primera iniciativa de reformas al sistema de salud, de acuerdo con los tiempos legislativos previstos por el diputado Isaías Cortés.
CAMBIOS A FUTURO
El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Isaías Cortes, aclaró que será en el largo plazo cuando se concrete la reforma a la Ley General de Salud que pretende la creación de un fondo único de recursos administrados por la Secretaría de Salud.
Según esta propuesta, la dependencia pagaría a las instituciones (Seguro Popular, IMSS e ISSSTE, e incluso Pemex, Sedena y Marina) de acuerdo con el número de atenciones médicas prestadas y con base en un esquema de costos homologado.
Gabriel O’Shea explicó que esto generaría una sana competencia entre los servicios de salud, que se traduciría en mejor atención para los derechohabientes y una homologación en la calidad de los servicios. Aunque esta transición podrían tardar alrededor de una década, se espera que en este sexenio se sienten las bases para mejorar el sistema de salud pública en el país, coincidieron ambos..
EN CIFRAS
54 millones de afiliados al Seguro Popular
66 mil mdp asignados este año
5 mil 743 mdp, el faltante de la cuenta pública de 2011