DALLAS. El empresario mexicano Ricardo Viso Seligson, vinculado a un escándalo de corrupción política en México y detenido en Estados Unidos desde junio pasado, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero ante una corte federal en San Antonio, Texas, informaron hoy fuentes judiciales.
La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas informó este martes en un comunicado que Viso Seligson cambió la víspera su declaración inicial, pues tras ser detenido a finales de junio pasado negó las acusaciones y se declaró inocente.
Ahora, el empresario enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado en noviembre próximo.
Reportes de la prensa mexicana señalaron que Viso Seligson estaba siendo investigado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) de México como parte de una averiguación sobre las finanzas del Partido Nueva Alianza (Panal).
El IFE, de acuerdo con esos reportes, detectó movimientos bancarios “inusuales” y solicitó el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Informes financieros presentados por el Panal al IFE en 2012, indicaron que Viso Seligson recibió de ese partido 18 cheques que en total suman siete millones 379 mil 64 pesos que fueron endosados posteriormente a nombre de José Joaquín Mora Domínguez.
De acuerdo con la acusación presentada en su contra ante la Corte Federal de Distrito Oeste de Texas, Viso Seligson operó desde febrero de 2012 hasta su arresto un negocio de cambio de dinero sin licencia o permiso oficial para realizar tales operaciones.
Según las autoridades, el empresario utilizó el negocio para transferir unos 20 millones de dólares a cuentas bancarias en Estados Unidos.
El dinero de las transferencias era orientado luego a una serie de empresas que el indiciado había creado en Estados Unidos.
Las empresas, identificadas bajo los nombres de Roving Cel, LLC; Drako Trading, LLC; Leon Springs Trading y Yowl Solutions, LLC, transferían luego el dinero a cuentas bancarias en México, a fin de darle legitimidad en ese país.
Según documentos de la corte, los recursos que recibía en Estados Unidos provenían presuntamente de la venta de teléfonos celulares. Sin embargo, los teléfonos celulares o eran falsos o inexistentes.