SAN DIEGO. Una corte federal en San Diego reveló hoy los nombres de 12 oficiales fronterizos acusados de matar a golpes y con repetidas descargas eléctricas al mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien se encontraba esposado y sometido contra el piso.
Por resolución del tribunal, los nombres de los acusados se dieron a conocer este martes a petición de la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses (Aclu) que representa a la Coalición de Comunidades Fronterizas, con sede en San Diego.
La corte presentó la decisión en el marco de las deliberaciones que sostiene desde hace más de un año un gran jurado federal a puerta cerrada en San Diego.
Los oficiales acusados de matar a Hernández Rojas son Jerry Vales, Kurt Sauer, Alan Boutwell, Ramón DeJesus, Edward Carili, Guillermo Avila Ishmael Finn, Derrick Liewelin, Phillip Krasielwics, Andre Piligrino, Harinzo Naraneisingh y un oficial encubierto que es el único autorizado a conservar su identidad.
En la golpiza participaron dos supervisores de la patrulla fronteriza, Avila y Finn, y tres de sus agentes, cuatro inspectores de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dos agentes de inmigración y aduanas y el agente encubierto.
Los abogados que representan a la docena de oficiales involucrados insisten en que el mexicano, quien estaba esposado y sometido, se resistía y por eso lo atacaron.
Un representante del supervisor Avila, por ejemplo, sostiene que su cliente le advirtió a Hernández Rojas que tenía en sus manos un taser, una arma presuntamente no letal que da descargas eléctricas que inmovilizan a las personas.
Según dos videos filmados con celulares desde dos ángulos, Avila le habría advertido a Hernández cuando el mexicano recibía repetidas patadas al rostro y al cuerpo.
Médicos que trataron a revivir a Hernández Rojas informaron que el mexicano recibió entre cinco y seis descargas eléctricas repetidas.
El mes pasado se presentaron tres demandas en San Diego relacionadas con el caso Hernández Rojas.
Una para demandar que los nombres de los oficiales que lo mataron se dieran a conocer, otra para mover el proceso y que inicie un juicio en agosto, y otra más para saber las circunstancias de las deliberaciones que se llevan a cabo.
Con la liberación de los nombres, Ramírez espera que el juicio en agosto también se haga público.