Los campesinos del país están bajo el yugo del narco. El crimen organizado los utiliza, los esclaviza, les quita sus tierras, se apodera de su producción, les cobra por producir y les cobra por vender su producto.
En entrevista con 24 HORAS, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, habla del provecho que saca el narcotráfico de los mil 200 conflictos por la tierra y siete mil juicios agrarios que prevalecen en el país. Estos casos, señala, se focalizan principalmente en Michoacán, Sinaloa y Guerrero.
Ramírez Marín reconoce que la operación del crimen organizado en estas zonas retrasa, aún más, la resolución de conflictos agrarios, algunos de los cuales llegan a durar décadas.
Respecto al trabajo de la Sedatu, acusa falta de presupuesto, dificultades legales y cuestiones culturales en su quehacer diario.
El titular de la Sedatu admite también malas prácticas del gobierno, mismas que influyen en crear o agudizar conflictos, toda vez que recurre a mecanismos distintos a la expropiación para la realización de las obras públicas.
¿Cómo se ha mezclado el crimen organizado en el sector agrario?
El crimen organizado utiliza a los ejidatarios y a los campesinos termina esclavizándolos. Es un problema que afortunadamente no se ha extendido por todo el territorio, está muy focalizado, pero es muy triste ver cómo la gente termina sujeta a la voluntad de estos grupos. No hemos tenido reportes de que el problema se haya extendido pero sin lugar a dudas se convirtió en una amenaza.
¿A qué se enfrenta la Sedatu?
En el caso de las tierras, nosotros tenemos tres problemas: el primero, la dificultad de nuestro personal para llegar a conciliar o para llegar a tomar medidas o a rectificar medidas de predios; el segundo, el temor de los beneficiarios de estos procesos -incluso de nuestros programas sociales- por recibir dinero, porque saben que recibir dinero les puede significar vivir una situación difícil, es decir, que les secuestren un familiar con tal de presionarlos para entregar el dinero, y el tercero, nos damos cuenta de que el número de programas sociales demandados en estas zonas ha disminuido.
¿Estos conflictos contribuyen a un aumento de la delincuencia?
Lo que pasa es que cuando los grupos del crimen organizado saben que existe un conflicto agrario y ven la posibilidad de indemnizaciones, condicionan a los beneficiarios para que, en el momento que tengan el dinero, les paguen a ellos a la fuerza. Por eso se dan casos en que la gente prefiere que el conflicto se lleve un poco más de tiempo, porque esperan que las condiciones cambien. Es muy triste, la gente termina sujeta a la voluntad de estos grupos.
¿Qué medidas se toman en este sentido?
En Michoacán, precisamente, la tarea de las fuerzas armadas ha sido proteger a los campesinos. Por ejemplo, en el caso de la cosecha del limón los protegían para que recogieran su limón y lo pudieran llevar a los centros de acopio. Se trata de un fenómeno que se ha ido presentando en algunos lugares, pero no hemos tenido reportes de que haya aumentado en otras zonas del país. Pero sin lugar a dudas se convirtió en una amenaza.
¿Cuántos conflictos agrarios hay actualmente?
A partir del Acuerdo Nacional para el Campo, se estableció el Cosomer, que es la mesa de solución de Conflictos Sociales del Medio Rural. El Cosomer trae 489 asuntos, pero no ingresados al Cosomer tenemos casi otros 700 u 800 asuntos. Esto nos arroja más de mil conflictos en todo el país.
Esto no tiene que ver con el número de juicios agrarios. Tenemos más de 7 mil juicios agrarios en todo el país. Solamente en Baja California Sur y Baja California hay casi 4 mil juicios agrarios; es decir, un juicio donde alguien no está conforme con su dotación de tierras, la dotación de tierras del de al lado, el tamaño de su tierra, la compra que realizó…
¿Dónde se focalizan los conflictos?
En Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y lo más caros, en el norte del país: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas. ¿Por qué digo más caros? Porque implican un número mayor de hectáreas y las tierras son de mayor valor comercial.
¿Cuál es, principalmente, el origen de los conflictos?
El tema principal es que, para las primeras dotaciones de tierra que se hicieron, se contaba con mecanismos de medición mucho más rudimentarios que los de ahora. Entonces, cuando se rectifican las medidas con mecanismos más precisos, generalmente hay faltantes. Y esos faltantes ocasionan conflictos.
Por otro lado, hay derechos de tierra muy antiguos, los cuales no se tomaron en cuenta en determinadas resoluciones. Por ejemplo, aparece alguien con un documento de 1670 que demuestra sus derechos originarios sobre un terreno, pero cuando siglos después se hizo una dotación de tierra a un ejido, no se tomó en cuenta que ya tenía propietarios.
Como es natural, se van buscando distintas instancias de resolución y el proceso se va tardando. Y muchas de las opciones representan dinero, por lo que también está el apetito de varios despachos por reavivar conflictos. Las organizaciones generalmente tienen una base social real pero hay un importante número de despachos buscando cómo entablar conflictos judiciales con el gobierno de la República para buscar indemnizaciones millonarias.
¿Por qué un siglo después de la Revolución hay tantos conflictos sin resolverse?
Porque son muchos.
¿Y ahora, con una nueva secretaría con más funciones, cómo se va a hacer?
Algo que estamos haciendo es otorgar cada vez más modernidad a las organizaciones para que ofrezcan alternativas a sus asociados. O sea, hacer que no sea el conflicto el centro de la actividad de la organización sino al contrario, que el tema fundamental sea la modernización de los medios de producción de ese ejido. Es decir, ir ofreciendo alternativas distintas a simplemente restituir la tierra. Porque si yo te doy la tierra sin el financiamiento suficiente para producir, no te sirve.
Un ejemplo son las inmobiliarias ejidales que estamos creando a través del FIFONAFE. De esta manera, cuando se venda la tierra del ejido, habrá una ganancia útil. Y también que la venta no sea la única opción, que las inmobiliarias puedan rentar, asociarse… Esto debe disminuir el número de conflictos. Pero por el otro lado, también vamos resolviendo muchos conflictos, a través de la intermediación sobre todo.
¿Qué programas existen para resolver los conflictos?
Tenemos el programa Cero Rezago, que entrega documentos que dan certeza y evitan los conflictos sociales. Y, por supuesto, seguimos trabajando a través de la dirección de concertación social todos los conflictos que tenemos, dando atención a las organizaciones y a la subsecretaría de desarrollo agrario.
¿Existe disposición de las partes por resolver los conflictos?
Los campesinos generalmente están dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno la necesidad de que una obra pública pase por sus tierras. En una actitud madura, civilizada, comprensiva… Muchas veces es el gobierno el que renuncia a esta negociación y recurre a mecanismos menos transparentes, menos claros…, cuando la expropiación sigue siendo el medio más idóneo para la realización de las obras públicas.
Los ejidatarios no son quienes buscan el conflicto pero hay despachos que buscan a los ejidatarios para entablar estos conflictos, sobre todo con obras que ya se hicieron, que quizá no cumplieron con los requisitos totalmente y, por lo tanto, se presenta una posibilidad de reclamo. Se dedican a buscar estos errores de la autoridad, yo no sé si voluntarios o deliberados. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, hemos visto que muchos de ellos fueron totalmente deliberados. Lo que nosotros queremos es que tanto los ejidatarios como la autoridad se sujeten a la ley y lo que prevé la ley es el proceso de expropiación.
¿Por qué el gobierno renuncia a negociar?
Muchas veces por la prisa de hacer las obras, en lugar de hacer una expropiación se recurre a los convenios de ocupación previa. Pero los convenios no perfeccionan la figura, la tierra no pasa a ser del Estado.
Eso es lo que estamos haciendo, con gran comprensión y un trabajo coordinado, sobre todo con nuestros principales usuarios, que son Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex. Tenemos reuniones muy seguido para ir haciendo esta tarea de una expropiación ordenada y de un trabajo absolutamente legal que blinde las obras que está realizando el Gobierno Federal.
¿La expropiación puede ser también un mecanismo para crear reservas territoriales?
Debería contemplarse para reservas territoriales pero hace mucho tiempo que no ocurre. Pero no solamente la expropiación es el único método para crear reservas territoriales, nosotros primero vamos a agotar toda la disponibilidad de predios que tiene el gobierno federal.
¿Entonces sí hay la voluntad de crear reservas territoriales?
La voluntad de crear reservas territoriales, sí, pero transformando la Coret en un instituto de reservas territoriales. Yo creo que el próximo año estaría trabajando. La idea es que tanto la federación como las entidades federativas tengan reservas territoriales.
¿La existencia de subsidios no beneficia el crecimiento anárquico que se busca frenar?
En total, este año bajamos el presupuesto de subsidios de 7 mil 900 millones que se dieron el año pasado a 5 mil 779 millones de pesos, pero más o menos se destinará lo mismo a vivienda nueva. Y lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de otorgamiento de subsidios para promover las viviendas de calidad.
Los subsidios hasta este año eran de 33 salarios mínimos, más o menos unos 65 mil pesos. Hasta ahora, la Conavi repartía los subsidios a partir de un puntaje en el que se tenían en cuenta la ubicación o la densidad, entre otros aspectos. Si llegabas al puntaje mínimo, recibías el subsidio. La administración anterior decidió que la mitad del subsidio iría para las construcciones verticales y la otra mitad para las horizontales.
La distribución del puntaje es el chiste del tema. A partir de 2014, las normas van a cambiar. Para conseguir el subsidio, para empezar, deberás conseguir más puntos que hasta ahora. Esto quiere decir que se motiva a hacer mejores casas. Además, no habrá una cantidad única sino que el monto del subsidio dependerá de la calidad de la construcción.
Por otro lado, para las casas baratas, a los que tengan entre 1.5 y 2.5 salarios, les vamos a dar tres subsidios más, o sea, van a tener 71 mil pesos para que puedan alcanzar estas casas.