Entre 1999 y 2003, los alcaldes colombianos de 223 municipios de 12 departamentos fueron el blanco de la violencia. El interés de los actores ilegales (paramilitares, narcotraficantes y guerrilla) por tener mayor poder e influencia animó la escalada del conflicto civil en aquel país entre la segunda mitad de la década de 1990 y el comienzo de la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). Además, esos actores financiaron campañas políticas, crearon partidos y movimientos sociales regionales para lograr leyes y políticas favorables a sus intereses. Una década después, el acoso contra los munícipes se mantiene, aunque en menor escala advierten analistas.
Esto ocurre a pesar de que el pasado 2 de agosto el Ministerio del Interior de Colombia y el Banco Mundial firmaron el “Acuerdo de Cooperación Técnica para Fortalecer Escenarios que permitan la Resolución de Conflictos a Nivel Regional”, con mil 170 millones de pesos, para mejorar la gobernabilidad local y crearon el Observatorio de Descentralización y Ordenamiento Territorial.
Asesores del Banco Mundial trabajarán con gobernadores, alcaldes, diputados y concejales para reforzar el régimen municipal a partir de informes técnicos. El 2 de febrero de 2011, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “más de tres mil 500 antisociales habían sido neutralizados” y aseguró que 2010 cerró con la cifra más baja de homicidos de los últimos 25 años.
Comienza la pesadilla
En los años noventa del siglo XX, el Banco Mundial acuñó el concepto de Captura del Estado tras identificar a una nueva generación de empresarios que recurrieron a procedimientos ilegales (sobornos, compra de funcionarios y de puestos clave, así como tráfico de influencias) en los países que adoptaban la economía de mercado.
En el caso de Colombia, los investigadores de Fundación Método, Luis de Garay y Eduardo Salcedo, explican que ese intento de captura tiene su ejemplo más remoto en Pablo Escobar Gaviria, quien llegó a ser senador suplente por Alternativa Liberal en 1982 y desde ese cargo maniobró a su favor.
La sociedad colombiana -y los alcaldes y gobernadores- fue rehén del intento por capturar al Estado de los grupos ilegales (guerrillas, narcotraficantes y paramilitares). Todos ellos recurrieron a sus tácticas de guerra y escaló el conflicto, describió Jorge Alberto Restrepo en “La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003”. Fue así que se incrementaron los desplazamientos, ejecuciones y extorsiones. Los alcaldes no estuvieron exentos.
En marzo de 2007, Iván Cepeda Castro, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, detalló cómo desde 2005 15 dirigentes de asociaciones y grupos de apoyo a víctimas de los paramilitares habían sido asesinados en aquel país. A su vez, Gilberto Toro, representante de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), denunció que de mil 99 alcaldes en Colombia, 177 habían sido amenazados de muerte por “terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), narcos y paramilitares”.
Un cable de la agencia EFE, del 3 de marzo de 2007, informó que según Fedemunicipios las FARC tenían influencia en 75% del país, con lo que alcaldes de 24 de los 32 departamentos estaban en riesgo. En 220 municipios abundaban sabotajes e intimidaciones vinculadas con las elecciones de octubre de ese año cuando se elegirían gobernadores y alcaldes.
“Estas amenazas significan que hay zonas en que los ilegales tratan de coartar a los mandatarios locales. Hay casos en que la guerrilla incluso ha llegado hasta las fincas de los alcaldes y han amarrado y secuestrado transitoriamente a los mayordomos”, dijo entonces Toro.
En febrero de 2011, Fedemunicipios y Fedegán (que reúne a los ganaderos) advertían del deterioro de su seguridad. Las amenazas aumentaban: Dagoberto Gaitán Guerrero, alcalde de La Argentina (Huila) sufrió heridas en un brazo cuando su automóvil fue atacado en un acto atribuido a las FARC.
La seguridad con que contaban los mandatarios locales “comienza a mostrar síntomas de requebrajamiento con ataques y atentados”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.
También fue amenazado Mauro Toro Petevi, el alcalde de Puerto Asís, en el Putumayo -pese a ser resguardado por cuatro guardaespaldas y viajar en un auto blindado-. Tres años antes su hijo había desaparecido. En marzo de 2011 un petardo estalló en la casa de su hija y mató a su nieto de 16 años.
En abril de 2012, la situación para 300 alcaldes colombianos parecía igual o más peligrosa que años antes. La Fedemunicipios informaba que al menos 300 alcaldes vivían bajo algún tipo de amenaza y anunció que había realizado un estudio de seguridad a 100 de ellos, de donde 60 resultaron expuestos a “riesgo extraordinario”. El vocero de la organización lamentó: “de nada sirven los chalecos antibalas, los escoltas, el uso de medios de comunicación satelitales o autos blindados, decenas de alcaldes viven en riesgo ordinario”; la situación más grave aparece en Putumayo, Caquetá, Bolívar y Cauca.
Si en el año 2000 el panorama municipal era complejo en el país sudamericano, 13 años más tarde, 30% de los alcaldes vive con “algún nivel de riesgo”, según Fedemunicipios. Persisten las amenazas contra y el desplazamiento forzado de políticos porque las “bandas criminales” mantienen su poder e incluso hay zonas en que tratan de coartar a los mandatarios locales.
El 9 de abril de 2013 más de un millón de personas asistieron en Bogotá a la Jornada por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público. Ese día se conmemoró el 65 aniversario del asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, que simbólicamente comenzó la violencia en ese país que ha dejado cerca de 300 mil personas asesinadas.
Entonces, la organización Alcaldes por la Paz envió un mensaje del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula, quien manifestó que “la victoria de Colombia en la batalla de la paz es también la de América Latina”.
Cronología:
1990: Se comienza a producir la coca en reacción a la demanda estadunidense. (Fundación Método)
1998: Se fortalecen paramilitares y autodefensas
2000: Se emprende el Plan Colombia
1999-2003: Bajo amenaza 223 municipios en 12 departamentos (Fedemunicipios).
2003-2006: De mil 99 alcaldes en todo el país, 177 fueron amenazados en sus municipios (Fedemunicipios).
2005-2007: Quince dirigentes de asociaciones y grupos de apoyo a víctimas de los paramilitares fueron asesinados.
Mayo de 2011: El gobierno registró más de 3.7 millones de desplazados internos por la violencia, una de las mayores cifras del mundo.
La amenaza actual:
Auge de las Bacrim (bandas criminales emergentes), llamadas así por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (El Colombiano.com 14.IX.2010), las cuales son resultado de la reorganización del crimen organizado tras la desmovilización de unos 32 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a los que se unieron elementos del narcotráfico.
Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo afirma que en 2007 surgieron 22 grupos que en 2008-2010 se reagruparon en cinco organismos y Mauricio Romero, politólogo e investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, estima que sumarían 7 mil hombres.
Cómo actúan: ofrecen seguridad a quienes explotan recursos minerales con fines particulares, contienen violentamente las protestas sociales, promueven la eliminación, desplazamiento o cooptación violenta de personas y grupos sociales que simpatizarían con la guerrilla. En enero de 2012 hicieron una manifestación de fuerza en la Costa Atlántica, Chocó y Antioquía para mostrar su capacidad intimidatoria.
Zonas de operación: Los Urabeños al norte de Antioquía, Córdoba y Sucre, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira. (Se han asociado con las Águilas Negras para operar en los departamentos de Chocó).
Estrategia de combate: Persecución y desmantelamiento por la Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros.
Impacto
2006 El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advierte que se reconstituyen las Bacrim o grupos armados ilegales.
2010 El SAT identifica como la principal fuente de riesgo a las Bacrim en 42 de las 51 situaciones riesgosas (82%).
Las FARC en 40 situaciones de riesgo (78%).
El ELN en 13 ocasiones (25%).
2011 El SAT observa que aumenta la capacidad de intimidación de las Bacrim sobre la población civil. Sobresalen los autodenominados Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, el Ejército Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac) y Los Rastrojos.
Bacrim: responsables de 34 situaciones de riesgo (68%).
El balance
El 25 de julio pasado el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó en Colombia el informe “Basta Ya Colombia: memorias de guerra y dignidad”, que revela que desde 1958 hasta 2012 en ese país han muerto a causa de la guerra más de 177 mil personas.
Ante el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, representantes de las víctimas y funcionarios, Gonzalo Sánchez el director del CNMH explicó que el estudio llevó seis años en realizarse.
De la cifra global, el informe atribuye la responsabilidad a la fuerza pública de 2 mil 399 asesinatos selectivos, 158 masacres y 308 ataques a bienes civiles. Entre 1985 y 2012 hubo 150 mil víctimas de asesinatos selectivos de los cuales 38% fueron ejecutados por paramilitares. En ese mismo periodo se realizaron mil 958 masacres con 11 mil 751 víctimas.
En cuanto a desapariciones forzadas, la cifra es de 25 mil. Por violaciones sexuales, el número asciende a mil 754 víctimas. A ese universo se suman las cifras por secuestros, acciones bélicas, reclutamientos ilegales y ataques a bienes civiles.