El Presidente y su gabinete, tan proclives al manejo de las percepciones, han dado elocuentes discursos sobre las reformas estructurales. Se congratulan por la reforma laboral y la educativa, discuten el combate a la corrupción. Prometen la restauración de la paz. Nunca explican cómo ni con qué se van a instrumentar los cambios. Olvidan que hacer eficiente la gestión pública es condición necesaria para “mover a México”.

 

México carga con un serio debilitamiento institucional e incapacidad administrativa en los tres órdenes de gobierno. Canalizar los recursos públicos para beneficiar al ciudadano no es fácil. Nuestros gobiernos han perdido la capacidad para gastar de manera eficiente. El gobierno federal tiene una maquinaria vieja e ineficiente, con poco uso de inteligencia y baja sistematización. Sus procesos arcaicos abren la puerta a la corrupción y producen bienes públicos deficientes.

 

Entre los ciudadanos y Pemex mantenemos un gobierno caro y malo. Tiene poca capacidad para instrumentar las anunciadas reformas y para ejecutar políticas públicas. Aunado a la complejidad del sistema legal, por descoordinación y falta de seguimiento, carece de margen para controlar a actores económicos grandes.

 

Destaca la fuerza de los poderes fácticos y del crimen organizado. Pero no olvidemos que tampoco controlaron a Wal Mart, ni a HSBC, ni a ninguno de los grandes grupos nacionales o extranjeros que impunemente crecen con prácticas corruptas. A pesar de estas carencias, invitan a las multinacionales petroleras.

 

No hay duda sobre la necesidad de una reforma energética integral y en hacer de Pemex una empresa eficiente. Sin embargo, la pregunta es inevitable, si no pueden controlar a Wal Mart ¿van a poder controlar a Exxon o a Mobil Oil?

 

La incapacidad administrativa e institucional se repite prácticamente en todos los sectores pero su gravedad aumenta en estados y municipios. Hay quejas contra los abusos de los gobernadores pero poco o nada ha contribuido la federación a fortalecer las instituciones locales. Se habla de una mejor coordinación entre órdenes de gobierno pero no de ayuda a las entidades para lograrlo.

 

En ese contexto se anuncia el “Pacto por Michoacán”. Se prometen coordinación y recursos sin mencionar que se corre el riesgo de vivir lo que Ciudad Juárez. A esa entidad, con “Todos somos Juárez”, se canalizaron más de siete mil millones de pesos sin exigir ni un solo cambio institucional al municipio. Por el tamaño de la intervención, se redujo la violencia temporalmente pero las malas prácticas negativas ya están de vuelta. Por ejemplo, el narco se reordena y reabre negocios para lavar dinero con el aval del municipio y nadie lo puede frenar. El caldo se empieza a calentar.

 

¿Qué cambios institucionales exigirá el gobierno federal al gobierno de Michoacán para garantizar que la inversión dure más de un par de años?

 

La debilidad institucional del país es grave. Hay que hacer reformas estructurales pero no sin modernizar a las entidades que habrán de instrumentarlas. De nada sirve destinar recursos a empresas, sectores o gobiernos si no se cambia su forma de trabajar y se generan incentivos para tener funcionarios responsables.

 

Sin instituciones fuertes, no puede garantizarse que el trabajo del gobierno se refleje en beneficio al público en general y no sólo a unos cuantos. Si no se garantiza la aplicación de la ley, tampoco pueden contenerse los abusos de actores privados y los discursos corren el riesgo de quedar, de nuevo, en buenas intenciones.