1.
LA PROFECO VA CON TODO, PERO… ¿Y QUÉ DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS?
El titular de la Profeco, Alfredo Castillo, se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para las empresas del sector servicios. La gestión del organismo responsable de defender los derechos de los consumidores está incomodando a compañías que estaban acostumbradas a incumplir los acuerdos pactados con sus clientes.
Pero sin restarle mérito alguno a la Profeco, el verdadero desafío de Castillo se encuentra en los procesos legales y en el desahogo de quejas de los consumidores de los servicios públicos como el que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La amenaza de legisladores del PRD de iniciar un proceso de acciones colectivas contra la CFE por los cobros excesivos que ya suman más de 30 mil quejas, podría contar con el apoyo de diputados de la bancada del PAN.
Así que la Profeco que ha enarbolado las acciones colectivas contra operadores de servicios de telefonía móvil, aerolíneas o restaurantes tendrá que dejar en claro que no enfrenta conflicto de interés alguno por ser una entidad del Poder Ejecutivo.
En materia de defensa de consumidores y -en especial frente a los servicios que ofrece el Poder Ejecutivo- México no sólo es el último de la fila en América Latina, sino que enfrenta niveles de insatisfacción equiparables a los que se viven en Costa de Marfil o Nigeria. La diferencia es que en esos países africanos, a pesar de sus altos niveles de corrupción, la defensa de los consumidores es más intensa y efectiva.
Los servicios públicos ocupan un lugar privilegiado entre las prestaciones protegidas, pero en perjuicio de los consumidores. El problema radica en que es el propio Estado y, en este caso la Profeco, el que debe tutelar su calidad y eficiencia no sólo mediante su propia gestión sino a través de la regulación, control y promoción de la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. De hecho, esta obligación forma parte del mandato de la Profeco.
Los servicios públicos, a cargo del Estado, lejos de violentar a los consumidores deberían servir para nivelar desigualdades económicas y sociales.
Por cierto, otro caso del que tendría que ocuparse la Profeco y que podría caer en el mismo supuesto de conflicto de interés, es el transporte público masivo: tranvías, metrobús, metro y próximamente los trenes de pasajeros. Hasta ahora el transporte sólo se regula para las empresas inversionistas, pero no para los usuarios. De hecho, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), a cargo de Francisco Moreno, actúa a solicitud de las empresas que piden autorizaciones para invertir o contra aquellas que son sancionadas por violentar la ecología. Pero en este renglón, el ciudadano quedó a un lado cuando este organismo votó en contra de la aprobación de acciones colectivas al asegurar que no considera oportuna su aplicación… ¡ya que el derecho ambiental corría el riesgo de ser rehén de organizaciones ambientalistas! Así como lo lee.
2.
GYMS, NEGOCIO EN AUGE
En la llamada industria del fitness están de plácemes porque a pesar del lento crecimiento de la economía, el impulso de la cultura del bienestar físico y la campaña gubernamental en contra de la obesidad están dando marcha a un mercado en el que los jugadores se arrebatan a la creciente clientela.
El Grupo Sports World, que dirige Fabián Bifaretti Zanetto, ya cuenta con más de 25 clubes, para ubicarse en el segundo lugar después de Sport City, de Alfredo Harp, quien encabeza el mercado. Otros participantes más pequeños son Sportium, que lleva Enrique Vera del Castillo, con siete clubes; Energy Fitness Clubs y Hard Candy Fitness, con cinco centros.
La penetración, sin embargo, es baja respecto a otros países de América Latina, como Argentina y Brasil. En México, sólo se cuenta con 1.9 clubes por cada 100 mil habitantes. Mientras que en Brasil esta relación es de 8.8 y en Argentina de 12.4. Así que la oportunidad salta a la vista.
Entre las firmas más reconocidas y los pequeños establecimientos, la industria del fitness en México está conformada por más de dos mil 200 negocios. El dato interesante es que sólo 2.2% de la población forma parte de un club, lo que habla del potencial del sector. En España, por ejemplo, 16.5% de sus ciudadanos paga una membresía mientras que en Estados Unidos lo hace 16.4%.
Las empresas, de acuerdo con datos de Sports World, reconocen la importancia de ofrecer este tipo de prestaciones a sus colaboradores porque además de reducir problemas de salud también incrementan la productividad. Así, según estos reportes, por cada dólar invertido en programas de ejercicio para los trabajadores, las compañías pueden obtener hasta 1.49 dólares en beneficios.
3.
ENTRAN & SALEN
En la desarrolladora de vivienda Corporación GEO se anunció, como parte de su reestructura, la renuncia de Francisco Gil Díaz -presidente de Telefónica para México y Centroamérica- y de Álvaro Gasca Neri como miembros independientes del Consejo de Administración.
Quien se desempeñara como director general Jurídico de Vitro, Alejandro Francisco Sánchez Mújica, dejará esta posición en la firma que dirige Adrián Sada Cueva, aunque se mantendrá como secretario del Consejo de Administración.
En la firma china de equipo de cómputo Lenovo se anunció la designación de Gaspar Fernández-Concha, ex directivo en IBM de México, como nuevo gerente general en el país, luego de desempeñarse desde el año pasado como gerente en Colombia y Venezuela.
Ya le habíamos comentado la salida de Raoul Picello de la dirección general de Nissan, ahora le confirmamos su sustitución con Marco Toro, quien a partir del próximo mes dejará la dirección de la automotriz en Europa.
Al diario El Universal llegó Rogelio Cárdenas Estandía como subdirector de la sección Cartera. Cárdenas Estandía fue director general adjunto de El Financiero hasta antes de la venta del diario al empresario Manuel Arroyo.
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BOTÓN INFORMATIVO
0.7%
caída anual en ventas de Walmart
en primer semestre a unidades iguales