La opacidad que existe en la información y rendición de cuentas de los 7.6 mil millones de pesos que reciben las entidades federativas en materia de seguridad pública, puede afectar la efectividad de las políticas estatales en la materia, según un estudio elaborado por el IMCO y Causa en Común.
El director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, señaló que está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) de los estados y el Distrito Federal.
“Estos instrumentos no ofrecen un control claro del gasto, más bien parecieran abrir espacio para la opacidad y el derroche de recursos, en detrimento de la efectividad de las políticas de seguridad pública”, añadió en rueda de prensa.
Apuntó que se destinan 140 mil millones de pesos a los programas y estrategias de seguridad pública a nivel nacional, de los cuales la Federación transfiere aproximadamente 17 mil millones de pesos a programas de seguridad en estados y municipios.
Precisó que el FASP concentra casi 45 por ciento de estos recursos, con 7.6 mil millones de pesos en 2013, sobre los cuales hay opacidad en su distribución y mala calidad en los sistemas contables que dificultan rastrear adecuadamente el destino del gasto.
Sostuvo que estas fallas estructurales no sólo afectan el desarrollo de las políticas públicas, sino la imagen y la confianza ciudadana en las instituciones de prevención de delitos y procuración de la justicia.
“No estamos diciendo que este mal gastado el dinero, es muy probable que mucho del dinero este siendo gastado de manera adecuada o correcta; el problema es que es muy difícil identificar una cosa u otra, dada los problemas que tenemos para acceder a la información”, precisó.
Ante ello, dijo, la recomendación es que el Consejo Nacional de Seguridad Pública resuelva los problemas de opacidad que hay el uso de los recursos del FASP, a través de más información y rendición de cuentas de los gobiernos locales.
El estudio elaborado por el IMCO y Causa en Común presenta un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de los mecanismos de rendición de cuentas que regulan el ejercicio del FASP, a partir del análisis sistemático de 10 entidades: Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, apuntó que de los 10 estados analizados, los que tienen mejores prácticas en los informes sobre el gasto en seguridad son Durango, Distrito Federal y Colima, y los que son “muy preocupantes” son Morelos, Guerrero y Tabasco.
Refirió que el estudio del IMCO y Causa en Común sobre el uso de los fondos federales para las seguridad pública de los estados y el Distrito Federal encontró que la información presupuestal y de gasto es limitada.
Además, que los informes trimestrales son poco homogéneos o no están disponibles, hay una opacidad sistemática sobre la operación del FASP, en la fiscalización del gasto no hay un castigo claro a los responsables, y es insuficiente la rendición de cuentas del Fondo.
El IMCO y Causa en Común recomendaron a las autoridades federales encargadas de la seguridad pública que se modifique la fórmula de asignación de recursos del FASP para darle menos peso a las penalizaciones por subejercicio de recursos y darle seguimiento a la gestión de los recursos del Fondo con la posibilidad de sancionar malas prácticas, entre otras.