En Sonora, estado contrastante por ser uno de los mayores productores agrícolas del país, con una baja precipitación pluvial anual y altos índices de salinidad en el suelo, se encuentran enfrascados en la llamada guerra por el agua desde hace tres años indígenas yaquis, agricultores de la zona y gobierno de Sonora.
Con la construcción del Acueducto Independencia, obra impulsada por el gobernador Guillermo Padrés Elías, que pretende llevar 75 millones de metros cúbicos anuales de agua a la capital del estado, Hermosillo, desde la presa General Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, ubicada en la cuenca del río Yaqui, a 150 kilómetros de Saltillo, se desató una lucha política y social entre los intereses que operan en la región.
En un texto publicado a mediados de junio pasado, los inconformes pidieron al presidente Enrique Peña Nieto dedicarle parte de su agenda a resolver su demanda. En él incluyeron fotos, donde aseguran que en su recorrido de 150 kilómetros, el acueducto tiene 277 tomas, desde donde extraen agua y la conducen a ranchos de ganaderos de Hermosillo, amigos del gobernador panista Guillermo Padrés.
“La violación a los derechos de la tribu yaqui no son por simple descuido de las autoridades, el beneficio real del Acueducto no es a la población sino a los terratenientes y la zona industrial, donde ya se están instalando empresas nacionales y transnacionales, cuyo consumo de agua es elevado: cerveceras, refresqueras y maquiladoras de todo tipo, así como la ampliación de otras como la planta Ford”, acusó Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu Yaqui.
Y precisamente ésta última, la ensambladora de Ford Motor Company en Hermosillo, señaló que en julio dejó de producir 945 autos aproximadamente por el bloqueo carretero que mantienen los opositores al acueducto.
Desde el pasado 28 de mayo, 28 organismos agrícolas y empresariales así como cuatro de los ocho gobernadores tradicionales de la etnia yaqui mantienen bloqueos intermitentes sobre la carretera Federal 15, a la altura del poblado de Vícam, en demanda para que se suspenda el trasvase de la presa “El Novillo” y llevar el líquido a Hermosillo.
“Es mentira que el agua que se extrae de la zona sea para la población de Hermosillo. Es agua para ranchos de grandes empresarios y para un fraccionamiento de todo lujo que es proyecto del propio gobernador, el cual incluye un lago artificial”, dijo a 24 HORAS Raúl Pérez Bedolla, secretario de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano).
Citando un decreto presidencial de 1937, que otorgó 500 mil hectáreas de tierra así como la mitad del agua del acuífero a la etnia, los grandes productores del Valle del Yaqui, entre los que destaca el hermano del ex gobernador Eduardo Bours, se manifestaron desde que se realizó la proyección de construcción del acueducto, hace tres años.
Al respecto el secretario y vocero yaqui, Francisco Antonio Delgado Romo, denunció que quienes se manifiestan en contra del acueducto Independencia no son autoridades tradicionales yaquis, sino gente que trabaja para los “ricos de Obregón”, es decir, los productores agrícolas del Valle del Yaqui.
En este momento los productores agrícolas del Valle siembran 228 mil hectáreas más los dobles cultivos, mientras que los yaquis sólo siembran 17 mil hectáreas.
El conflicto, denominado problema yaqui, se debe a que los sectores productivos emplean a los habitantes de los 56 asentamientos tribales.
“En la etnia son aproximadamente dos mil familias las usuarias del agua del Río Yaqui y, además de la agricultura, subsisten de la ganadería, apicultura y silvicultura, basada en el corte de leña y frutas silvestres, actividades que depende de la humedad del ambiente que generan los riegos agrícolas”, señaló Rojo Valencia a 24 HORAS.
“Conocemos el agua potable porque hay agua embotellada”
Sin embargo, el mayor peligro para los indígenas es la falta de agua con la que se aceleraría también el problema de salitre en sus terrenos y pozos.
Y es que los 45 mil yaquis toman agua del subsuelo, pero como no lleva agua el río, los mantos freáticos se están alimentando de los riegos agrícolas, de las lluvias, y de los drenajes de las comunidades aledañas, y ya presentan residuos de arsénico y materiales pesados en sus sumistros.
Mario Luna, líder y vocero de la tribu yaqui, denuncia que en el agua contaminada ha provocado que indígenas registren casos de cáncer, principalmente las mujeres.
“El cáncer de mama en mujeres de la tribu yaqui ha provocado ya al menos siete muertes y amputaciones de senos en otros casos, a causa de que el agua que consumimos para sobrevivir no es potable y proviene de drenes que llegan a las comunidades, provenientes de riegos agrícolas y que contiene elementos tóxicos, como arsénico”, afirma.
Sostiene que, además, los integrantes de la tribu presentan padecimientos graves por enfermedades renales y hepatitis, relacionadas por el consumo de agua insalubre.
Obra inconclusa por agua potable
Luna recordó que en la administración del presidente Luis Echeverría (1970-1976) se introdujeron las primeras líneas de agua, tuberías de asbesto que llevaban agua de mejor calidad, pero no potable, mismas que actualmente están sin servicio.
Comentó que existe una obra inconclusa desde el gobierno de Felipe Calderón, que pretendía dar agua potable a las comunidades más pobres de Guaymas, Empalme y San Carlos, municipios sonorenses; sin embargo, “hoy en día abastece únicamente a las cabeceras de dichos municipios y no a los que la necesitan”.
Destacó que esa agua, que era destinada para las comunidades pobres, incluidas la de los yaquis, terminó alimentando en mayor dimensión a San Carlos, localidad que es uno de los principales destinos turísticos del estado, y donde extranjeros radican o acuden en temporada vacacional.
Hace “agua” en los tribunales
Actualmente existen siete juicios de amparo promovidos por productores agrícolas, un núcleo ejidal y la tribu Yaqui, además de dos controversias constitucionales promovidas por los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto, y dos averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad así como cargos en contra de los manifestantes.
Desde el 31 de agosto de 2010, el juzgado local admitió una demanda de amparo en la que se pedía la suspensión de la licitación para la construcción del Acueducto Independencia por lo que se concedió una suspensión provisional para que no se dictara el fallo de la licitación y no se adjudicara la obra.
Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo del estado en 2011, ya que en el proceso de licitación del acueducto se ocultó que la obra implicaba la utilización de recursos públicos federales y estatales; no se solicitó la designación de un testigo social; incluyó en la licitación pública requisitos que limitaron la competencia y libre concurrencia de participantes; ninguno de los participantes cumplió con la experiencia y capacidad técnica prevista en las bases de licitación, y la evaluación de las propuestas fue deficiente y por ello se adjudicó al licitante que ocupó el cuarto lugar.
Aunado a ello el 13 de octubre de 2011, la juez de distrito concedió la suspensión definitiva para que no se dictara el fallo, y, en consecuencia, la obra no fuera adjudicada, sin embargo, los trabajos nunca fueron interrumpidos ya que la suspensión fue revocada y todavía continúa en análisis en los tribunales.
Así mismo, el 4 de mayo 2012, un juzgado local concedió la protección de la justicia federal a las comunidades yaquis respecto a la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del acueducto porque la dependencia no respetó la garantía de audiencia establecida en el Artículo 14 de la Constitución.
El asunto fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el pasado 8 de mayo, la Corte resolvió el amparo en favor de la tribu yaqui que dejaba sin efecto el manifiesto de impacto ambiental del acueducto Independencia, debido a que el gobierno de Sonora y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) omitieron la garantía de audiencia a la tribu yanqui.
Y el 24 de julio pasado, el Ayuntamiento de Hermosillo y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitaron a la Corte que aclarara la resolución emitida por lo que la SCJN aclaró que el amparo otorgado en mayo no implica suspender de manera inmediata la operación del acueducto, sin embargo, precisó que Semarnat debe llamar a consulta a la comunidad yaqui y recabar los elementos necesarios para determinar alguna posible afectación a los derechos de la etnia.
El problema atrajó la atención de organizaciones como el EZLN quien respaldó la demanda de los yaquis, así como la Cámara de Diputados que llamó a las autoridades encontrar un pronta solución.
El gobierno federal ha establecido mesas de negociación de las que destaca una propuesta como salida al conflicto por el acueducto, que implicaría la construcción de una planta desalinizadora con otra inversión de 3 mil millones de pesos.
Datos
10% de los 45 mil habitantes de la tribu reciben agua en sus hogares, debido a que la infraestructura para el agua potable en las 57 comunidades, de los ocho pueblos yaquis, está obsoleta en un 90%. Sólo Vícam tiene agua potable entubada con abastecimiento continuo, pero no es potable.
Actualmente operan dos de las cinco bombas, como parte del proceso de pruebas del Acueducto, y que a la fecha han trasvasado alrededor de 10 millones de metros cúbicos de agua.
La propiedad que tiene la tribu yaqui sobre aguas y tierras se remonta al 27 de octubre de 1937, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas resolvió el problema agrario de la región yaqui de Sonora, otorgándole 500 mil hectáreas de tierras que les habían despojado en las últimas décadas, así como el derecho al 50% de las aguas del Río Yaqui.