En el último reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex manifestó que la empresa está expuesta a los riesgos de producción, equipo y transporte que son comunes entre las compañías de petróleo y gas. Bajo esta premisa, la administración reconoce que la paraestatal se enfrenta a diferentes peligros que incluyen la vulnerabilidad de sus instalaciones, así como de sus ductos y medios de transporte. De manera más específica, admite que “Pemex está expuesto al riesgo de explosiones en ductos, refinerías, plantas, pozos de perforación” y explica que “los intentos criminales para desviar petróleo crudo, gas natural o productos refinados del sistema de ductos y las instalaciones de Pemex para su venta ilegal han dado lugar a explosiones, daños a los bienes de Pemex, daños al medio ambiente, así como lesiones y pérdidas de vidas humanas”.
El reporte a la BMV admite que “las instalaciones de Pemex también están expuestas al riesgo de sabotaje, terrorismo” y un nuevo riesgo que no se había mencionado anteriormente “ataques cibernéticos”. Y explica que a pesar de que ha establecido “sistemas y procedimientos de seguridad cibernética para proteger su tecnología de información y no ha sufrido un ataque cibernético, si la integridad de la tecnología de información se viera afectada debido a un ataque cibernético, las operaciones de Pemex podrían verse afectadas y su información ser objeto de robos y pérdidas”.
En la sección referente a juicios y contingencias legales, la lista de ex funcionarios demandados por la empresa es larga. En mayo del 2005, la SFP anunció que sancionó con multas a diversos ex funcionarios de la paraestatal, entre ellos, a Rogelio Montemayor Seguy, por el desvió de mil 421.1 millones de pesos de Pemex al Sindicato. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, confirmó el pasado 24 de enero de 2013 las sanciones de inhabilitación por 20 años, así como la sanción económica. Las sanciones contra Raúl Muñoz Leos, por 862.2 millones de pesos también es un caso que sigue abierto.
Otras sanciones administrativas que siguen abiertas son por la suma de $1,390.3 millones fueron impuestas a Jaime Mario Willars Andrade y a Luis Ricardo Bouchot Guerrero derivado de irregularidades y negligencia administrativa relacionadas con la terminación anticipada de un contrato de suministros y servicios a largo plazo que involucraba la construcción de una planta de Éter de Metil-Terbutil.
En mayo de 2010, Pemex también presentó dos denuncias penales en contra de María Karen Miyasaki Hara, quien se desempeñaba como subdirectora comercial de Destilados Intermedios de PMI, por ser la presunta responsable de actos de corrupción con un detrimento para PMI de 13 millones de dólares, consistentes en la compraventa innecesaria de diesel de ultra bajo azufre, con aparente beneficio económico para empresas extranjeras, entre las que se encuentra Blue Oil Traiding LTD.
El reporte a los mercados financieros explica como tres funcionarios de PMI (el brazo comercial de la paraestatal) otorgaron descuentos excesivos e injustificados en la venta de gasolina cóquer, favoreciendo supuestamente a dos empresas, y resultando en un perjuicio para PMI por una cantidad de 25.7 millones de dólares. Habría que añadir las decisiones erróneas de Juan José Suárez Coppel de invertir a espaldas del Consejo de Administración y de realizar contratos de arrendamiento de buques con empresas y empresarios que están relacionadas con su hermano.
Estos son algunos de los casos que se llegan a conocer de los riesgos que enfrenta la empresa y el grado de corrupción que se ha encontrado en ella. Lo que llama la atención es que son los altos puestos directivos los que se han visto involucrados en decisiones que afectan el patrimonio de la paraestatal. Hoy en día, Petróleos Mexicanos no cuenta con una estructura corporativa que pueda mitigar estos riesgos y acabar con la corrupción. Lo peor que le puede pasar a México es que Pemex y la estructura del mercado energético sigan igual. Hoy una empresa que fue emblema del desarrollo nacional se encuentra cooptada por el crimen organizado, la corrupción sindical, varios conglomerados de proveedores que lo mismo venden lápices que transportan personal en helicópteros y una serie de burócratas de alto nivel que sólo se han enriquecido. Hoy, el reto de transformar esta empresa es mayúsculo y el director general, Emilio Lozoya Austin, así como el presidente del Consejo de Administración,Pedro Joaquín Coldwell, no tendrán excusa alguna ya que cuentan con el respaldo total del Presidente.