La Procuraduría General de la República (PGR) amplió sus investigaciones a otras áreas federales y estatales que estuvieron involucrados en la liberación de Rafael Caro Quintero, quien fuera fundador del Cártel de Guadalajara.
Funcionarios del gobierno federal explicaron que se revisó primero la resolución del Tribunal que anuló la sentencia al capo que le permitió salir libre y abrió un acta circunstanciada para definir si se siguieron los trámites de forma regular, si no existieron sobornos o presiones para que saliera del penal estatal sin que se le notificara a la PGR hasta que Caro Quintero estuvo fuera de la cárcel y sin ser localizado.
La revisión de los procedimientos incluyen a funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, de quienes dependen la supervisión y monitoreo de los reos federales aún y cuando se encuentren dentro de Reclsuorios estatales, como fue este caso.
La PGR revisa la actuación de los funcionarios del Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco donde permaenció preso los últimos años Caro Quintero.
Las fuentes consultadas explicaron que el procedimiento habitual consiste en que los magistrados notifiquen a las autoridades penitenciarias federales y estatales; al acusado y a la PGR. Sin embargo, la notificación a la Procuraduría se llevó a cabo después de que saliera de prisión el ex jefe del Cártel de Guadalajara.
Los mismos funcionaros coincidieron en que podría surgir una sanción administrativa y en caso de que se demuestre dolo o beneficio económico una acusación penal, pero las indagatorias apenas iniciaron.
Sin precisar los alcances, el procurador Jesús Murillo Karam, confirmó que se investiga las circunstancias y razones en que tuvo lugar la liberación de Caro Quintero el viernes pasado, luego de que ganó un amparo que dejó sin efectos el proceso seguido en su contra.
Durante una conferencia en el Colegio de México, Murillo fue enfático en reiterar que no comprende “los procesos mentales” que llevaron a los jueces a liberar al capo sin un juicio y sin atender criterios de la Corte, y subrayó que espera que se trate sólo de un asunto de criterios y no por otros motivos.
“Yo quiero pensar que hay buena fe… quiero pensarlo, sin embargo soy procurador y mi obligación es investigar”, indicó.
Cuestionado en entrevista posterior sobre si la PGR investigaría en concreto a los magistrados, Murillo respondió “yo me refiero a la función de la procuraduría, que es investigar todo”, sin abundar en más detalles.
El funcionario insistió en que la resolución de los magistrados le causaba “escozor” y le parecía incomprensible, pues insistió en que apenas en marzo hubo una resolución de la Corte en la que se advertía que ninguna persona podía quedar en libertad por un tema de competencias.
Señaló que si bien, Caro Quintero estuvo preso 28 años, su sentencia era de 40 años y por lo tanto debió cumplir “por lo menos” ese periodo en prisión.
Sostuvo que se trata de una situación que además es “preocupante” pues existen otros delincuentes “muy delicados” que podrían verse favorecidos por determinaciones como la de Caro Quintero.
Cabe señalar que Ernesto Fonseca Carrillo alias “Don Neto”, otro narcotraficante procesado por el homicidio del ex agente de la DEA Enrique Camarena, solicitó un amparo bajo los mismo razonamientos jurídicos por el cual se liberó a Caro Quintero.
Según el procurador, la sentencia que ordenó el Segundo Tribunal Unitario de Jalisco aun no causa “ejecutoria” ya que hay un plazo de diez días para presentar un recurso de revisión, que es lo que se va a llevar a cabo.
Además, fuentes de la Procuraduría indicaron que también se analiza plantear argumentos de inconstitucionalidad en contra de la resolución.
La PGR dejó en claro que ya no puede ser enviado a los Estados Unidos por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, pues fue un asunto juzgado en México.
“Para ser extraditado en tendría que ser por una causa distinta a la que ya estuvo en proceso, porque además la sentencia todavía está en ejecución”, señaló.