LONDRES. Las reuniones que ha mantenido el heredero a la corona británica con miembros del gobierno despertaron el interés del Parlamento británico, que activó al Comité de Reforma Política y Constitucional de la Cámara de los Comunes para investigar si el príncipe Carlos tiene derecho de veto sobre las leyes del gobierno.

 

Esa pesquisa busca confirmar si existe una supuesta laguna constitucional que confiera al hijo mayor de Isabel II el derecho a vetar cualquier nueva normativa que afecte sus intereses privados, informó el diario británico The Guardian.

 

Esa pesquisa comienza mucho tiempo después de que el citado rotativo encontrara que el Ejecutivo británico tuvo que pedir permiso al heredero al trono para aprobar, al menos, una docena de proyectos de ley en octubre de 2011.

 

Es posible que la investigación de los diputados aumente la presión sobre Whitehall -las oficinas gubernamentales- para que se reduzca el secretismo que rodea al llamado lobbying real, según el diario.

 

Entre los defensores del príncipe Carlos está el ex primer ministro británico, Tim Loughton, quien dice que es una “caricatura grotesca” afirmar que el príncipe trata de influir en la política del gobierno.

 

La defensa del ex ministro conservador ante The Guardian, sostiene el derecho del hijo de Isabel II a tener reuniones secretas con miembros del gobierno con el argumento de que él ofrece más “ayuda práctica” que quienes tratan de detener su presunta intromisión.

 

Desde que el actual Ejecutivo de coalición de conservadores y liberal demócratas llegó al poder en mayo de 2010, el príncipe Carlos mantuvo 36 reuniones con miembros del Gobierno*.

 

Para muchos, el veto real es visto por los expertos constitucionales como la “disuasión nuclear”, es decir, un botón rojo que no se va a apretar nunca pero que está en la mente de los ministros cuando Carlos y otros miembros de la Familia Real discuten de asuntos políticos con ellos, refiere The Guardian.

 

El Comité parlamentario será presidido por el diputado laborista Graham Allen, quien debe constatar si existe el riesgo de que el actual requerimiento del consentimiento real para aprobar las leyes, que concede la soberana de Inglaterra en función de la naturaleza de la legislación, “podría ser visto como politización de la monarquía”.

 

Ese mismo proceso se aplicaría cuando se trata de solicitar el consentimiento de la reina, en caso de que los proyectos de ley en cuestión pudieran afectar a los intereses de la Corona.

 

“En tiempos modernos, ni la reina ni el príncipe de Gales se han negado a dar su consentimiento a ningún proyecto de ley que afecte a los intereses de la Corona, el Ducado de Lancaster o el Ducado de Cornualles, a menos que así lo hayan aconsejado los ministros”, señaló un portavoz del Palacio de Buckingham, que agregó que “en asuntos de legislación, la reina siempre sigue el consejo del gobierno”.

 

La pregunta del Comité:

 

–       ¿Existe una continua justificación para que el consentimiento de la reina o del príncipe sea parte del proceso legislativo? Según los voceros de Clarence House y del Palacio de Buckingham hay una “convención establecida desde hace tiempo” para que el Parlamento pida el consentimiento del príncipe, como duque de Cornualles, para aquellos proyectos de ley que podrían afectar los intereses del Ducado de Cornualles.

 

*Se reunió 7 veces con el primer ministro David Cameron, con 4 secretarios de Estado en el Ministerio de Comunidades y 6 veces con políticos del Departamento de Energía y Cambio Climático.