Las exigencias del magisterio disidente de que se les aplique una evaluación diferenciada, de acuerdo con su contexto social, y la garantía de respeto a los derechos adquiridos de los profesores, demandada por el SNTE fueron incorporadas en las iniciativas de las leyes secundarias a la reforma educativa enviadas hoy por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados.
En la elaboración de las propuestas colaboraron la Secretaría de Educación Pública, especialistas, profesores, padres de familia y el sindicato magisterial, dijo ayer el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, al anunciar la víspera el envío de las iniciativas.
En una conferencia de prensa celebrada la noche de este martes, una vez que los diputados acordaron el inicio de un periodo extraordinario del 21 al 23 de agosto, el secretario de Educación adelantó algunos detalles del contenido de las propuestas de ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Servicio Profesional Docente, así como de reforma a la Ley General de Educación.
Acompañado por todos los subsecretarios de la SEP, señaló que en materia de evaluación, la ley del INEE establece que se tomará en cuenta el contexto social y demográfico al examinar a los profesores, sin embargo, quien no acuda a la evaluación será sancionado “no va a haber impunidad”, advirtió.
Lo anterior, coincide con la propuesta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregó a los integrantes del Pacto por México.
Respecto a la “permanencia” de los docentes en su plaza, sobre la cual el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) había externado su preocupación, Chuayffet aseguró que los derechos adquiridos están protegidos en la iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente. “No hay mayor problema para los maestros con derechos adquiridos, la evaluación no debe ser punitiva sino un sistema de acompañamiento”.
Sobre la reforma a la Ley General de Educación, ésta fortalecerá la gratuidad de la educación, por lo que las instituciones educativas deberán atender las quejas de los padres de familia por el cobro de la contraprestación de servicios educativos.
Además, en un artículo transitorio el Ejecutivo establece el compromiso de aplicar una reforma a la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), a fin de garantizar la equidad en su distribución.
En la legislación secundaria que prevé la reforma educativa, y que deberá ser aprobada a más tardar el 26 de agosto, quedaron fuera otros temas de igual relevancia como la educación normal y la educación inicial de 0 a tres años que, a decir de Chuayffet, deberán ser los siguientes que se discutan.
La educativa es una reforma constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México.
Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013 la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Comments are closed.