El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna aseguró que los grupos de autodefensas existentes en el estado podrían estar siendo utilizados o ya estar perpetrados por grupos delictivos.
En entrevista con Carmen Aristegui para MVS Noticias, el mandatario estatal aseguró que actualmente todas las policías comunitarias en el estado están disueltas, mientras que los grupos de autodefensa sí existen en diferentes municipios pero están desarmados.
“La policía comunitaria, que para nosotros merece un respeto porque surge de la decisión de las comunidades indígenas, en este momento no tenemos ninguna en el estado de Michoacán; los grupos de autodefensa, que tienen una connotación diferente, existen en este momento, desarmados, con presencia simplemente, en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Coalcoman”, expuso.
Reyna se refirió a la detención de 45 comuneros en el municipio de Aquila, la mañana del miércoles y explicó que el conflicto comenzó por una división entre comuneros por el pago de regalías de una mina, lo que derivó en que algunos tomaran las armas e incluso desarmaran a la policía municipal y tomaran patrullas.
Reyna indicó que la Procuraduría General de la República consiguió órdenes de aprehensión, por lo que en un operativo conjunto -entre el Ejército, la Marina y la Policía del estado-, detuvieron y desarmaron a 45 personas.
Al respecto, el gobernador aseveró que los detenidos “no tienen qué ver con policías comunitarios, con un sentimiento de la comunidad” y refirió que trataron “de despojar del servicio de seguridad pública (patrullas, armas) al municipio”.
Aseveró que la actuación de su gobierno y las fuerzas federales “no es irresponsable”, pues actualmente grupos delictivos pelean por las zonas en Michoacán, lo que los obliga a “mantener una fuerte presencia en el lugar para evitar que la población se sienta amenazada”.
Y advirtió que continuará “una importante presencia de fuerzas armadas, asumiendo al Estado como defensa de la ciudadanía”.
Sobre el grupo de detenidos, rechazó catalogarlo como autodefensa pues sostuvo que “no era defensa de la comunidad ni de la población ni ciudadanía”, sino un grupo que tenía “intereses”; indicó que estaban “fuera de la ley” e impedían que la autoridad municipal desarrolle su función de seguridad.