El 31 de julio, a través de su blog, la red social Twitter publicó su Informe de Transparencia, donde notificó que de enero a junio recibió mil 157 solicitudes de información de parte de diferentes gobiernos del mundo que pidieron datos sobre cuentas relacionadas –dice- “con asuntos penales o en el marco de investigaciones”. La tendencia va en aumento: sólo de junio a diciembre de 2012 las autoridades pidieron archivos a la empresa californiana en mil nueve ocasiones y del periodo de enero a junio del mismo año fueron 849.
Esto quiere decir que por parte de agencias de seguridad y otros organismos del Estado hay una mayor atención hacia lo que se publica en Twitter, Facebook y otras redes sociales. De ahí la importancia del informe de la red social de los 140 caracteres, no el número de peticiones que es relativamente pequeño.
En el caso de México, según Twitter, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió 11 solicitudes de información sobre 19 cuentas. Twitter no especifica qué cuentas ni qué tipo de información le fue requerida. Tampoco si la dio. “Los gobiernos en general realizan solicitudes de eliminación de contenido que puede ser ilegal en sus respectivas jurisdicciones. Por ejemplo, es posible que recibamos una orden judicial que exija la eliminación de declaraciones difamatorias y la policía puede solicitar que retire contenido prohibido”, detalla en su informe.
La empresa expone que Estados Unidos ocupa el primer lugar de las solicitudes con 78%; Japón, segundo con 8%, y luego Inglaterra y Brasil. Un dato: en el inicio del proceso contra WikiLeaks, el 14 de diciembre de 2010, el Departamento de Justicia envió una “citación administrativa” a la empresa californiana requiriendo datos de usuarios relacionados con Julian Assange como Jacop Appelbaum, la legisladora islandesa Birgitta Jónsdóttir y el empresario holandés pionero en internet Rop Gonggrijp. El gobierno pedía correos electrónicos, direcciones IP, números de teléfono, cuentas bancarias y números de tarjetas, pero Twitter no debía decir que Washington pedía esta documentación, por lo que logró que que se le reconociera el derecho a informar a estas personas la confiscación de sus archivos.
Twitter procedió a ello el 5 de enero de 2011. The Wall Street Journal publicó el 9 de octubre de 2011 que el servidor bajacaliforniano de correo sonic.net había recibido una citación como la de Twitter para entregar información sobre Appelbaum al gobierno de EU; el mismo diario publicó que Google se hallaba en la misma condición aunque no daba detalles si el gigante de internet había cedido la información sin notificar antes a los usuarios.
Otro de los efectos causados por las revelaciones de Edward Snowden ocurrió la semana pasada: acorralados, fueron cerrados dos servicios de correo electrónico encriptado: Lavabit y Silent Circle. “Recomiendo imperativamente no confiar datos personales a empresas ligadas a los Estados Unidos”, escribió en su mensaje de despedida Ladar Levison, dueño de Lavabit. “No hemos recibido ni órdenes judiciales ni instrucciones de ningún gobierno y es por eso que estamos cerrando ahora (…) el servicio de correo encriptado era una buena idea en su momento, y ese momento ha pasado“, publicó por otra parte Jon Callas en la bitácora virtual de Silent Circle. Todos somos espiados por todas las vías. Ha muerto el correo encriptado, lamenta Jon Callas en el post.
¿Quién fue quién dijo que el derecho a la privacidad ajena es la paz?
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