Por segunda ocasión en este año, el gobierno federal acusó a un grupo de guardias comunitarias de pertenecer al crimen organizado, luego de que presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a los 40 comuneros indígenas detenidos el miércoles en Aquila, Michoacán.
Ya en marzo la SEIDO vinculó a 34 integrantes del grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán, con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, aunque varios de ellos ya obtuvieron su libertad.
Hasta el cierre de esta edición, los 40 detenidos de Aquila rendían su declaración ministerial, sólo por la portación ilegal de armas, porque el Ejército les aseguraron 9 rifles AR-15 y 2 rifles AK-47, además de otras armas posiblemente robadas a la policía municipal, agentes a los que la comunidad corrió hace unos meses acusándolos de proteger a Los Caballeros Templarios.
Los detenidos llegaron en la madrugada de ayer al Distrito Federal y hasta las cinco de la tarde pudieron ver a su abogada, Verónica Bedoya, quien desconocía por qué se les acusaba de participar con el crimen organizado si los pobladores habían tomado las armas en junio pasdo para defenderse de esos grupos, porque nadie lo hacía.
La procuraduría de Justicia de Michoacán, por su parte, anunció que se solicitarán más órdenes de aprehensión contra los comuneros de Aquila, después de cumplimentar cinco de ellas por violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificado, contra Juan Manuel Ramírez Magallón, Salvador Martínez Cárdenas, Guadalupe Magaña Orozco, Vicente Villanueva Ramírez y Agustín Villanueva, comisariado de ese municipio.
Octavio Villanueva, representate de la comunidad indígena de Aquila, sería una de las personas contra las que se giraría una nueva orden de captura.