La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por el desplazamiento de 131 habitantes del municipio de San Miguel Totolapan y las acciones de servidores públicos municipales que intentaron desalojarlos del sitio donde buscaron refugio.

 

Asimismo deploró “el trato indigno y la falta de atención a estos ciudadanos”, por lo cual llamó a las autoridades a que casos de esa naturaleza sean investigados a fondo, de manera profesional y se castigue a los responsables.

 

El organismo nacional recordó en un comunicado que los gobiernos “tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia a esta población en desgracia”.

 

La CNDH refirió que la violencia provocada por la delincuencia organizada en Guerrero hizo que personas procedentes de la comunidad Las Shascuitas se resguardaran en la zona de Caleta, en Acapulco, de donde funcionario municipales intentaron desalojarlas.

 

Desde el momento en el que se conoció de esos hechos, personal de la Comisión Nacional acudió al lugar para proporcionar apoyo a las víctimas, acompañarlas y recabar testimonios.

 

Se trata de 29 familias que huyeron por la violencia en su comunidad y permanecen hacinadas en un terreno de donde, lejos de apoyarles, un servidor público del puerto presuntamente intentó sacarlos del sitio con amenazas y sobornos.

 

De acuerdo con informes de la Comisión, en el último mes casi mil personas de dicho poblado abandonaron sus hogares porque grupos armados que se disputan la zona de producción y trasiego de drogas incendian casas y asesinan a campesinos ajenos al conflicto.

 

Antes esos actos de violencia la CNDH llamó en reiteradas ocasiones a las autoridades a que atienda a los habitantes que huyeron de su lugar de residencia y se les garantice el respeto a sus derechos humanos.

 

Señaló que en los últimos años la violencia es la culpable de que al menos 120 mil personas hayan abandonado sus tierras en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, principalmente, para evitar ser víctimas de secuestro, extorsión o de amenazas de algún tipo.

 

De ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Raúl Plascencia Villanueva, reafirmara a través de este texto su compromiso con los mexicanos.

 

En específico con los desplazados, quienes no sólo se ven obligados a dejar sus hogares, sino también sus familias, fuentes de ingreso y cultura, a fin de salvaguardar su vida y protegerse de la violencia que padecen en su tierra.