La Universidad Juárez del estado de Durango (UJED), la única universidad pública del estado enfrenta una nueva embestida por parte del gobierno del estado, acusan miembros de la comunidad.
Apenas el 12 de agosto pasado el Congreso estatal aprobó con 21 votos a favor y seis en contra una reforma a la Ley Orgánica de la institución, y que permitiría al gobernador, Jorge Herrera, controlar el área directiva.
La UJED es la única universidad autónoma en el estado; aunque se trata de una institución pública sus cuotas rondan los tres mil pesos por semestre, no obstante están por debajo de las que cobran otras escuelas como el Instituto Tecnológico de Durango, donde son de cinco mil pesos. Por ello su demanda es de cinco mil estudiantes cada año, aunque sólo acepta a 30%.
De acuerdo con un documento emitido por el Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la UJED, la nueva legislación universitaria no fue consensada debidamente entre los estudiantes.
El texto denuncia que en el artículo uno de la ley orgánica se establece que se podrá modificar con sólo escuchar la “opinión oficial” de la universidad, es decir, del rector, lo que le resta representatividad a los concejales y la comunidad en general.
El documento también apunta que la integración del Consejo Universitario será “afín” a las decisiones del exterior, ya que los estudiantes que lo integren serán elegidos por los presidentes de las sociedades de alumnos, en las que tiene injerencia directa el gobierno estatal, acusó Norma Huizar, vocera del movimiento opositor.
De igual manera, señala que la elección del rector será regulada por el Reglamento General de Elecciones, lo que deja “una incertidumbre a la verdadera autonomía, comprendida en la facultad de elección de su gobierno interno”.
Huizar, también docente y responsable de la radio universitaria, afirmó que existe un descontento entre los estudiantes y académicos por esta violación. El Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUJED) rechazó también la nueva legislación y pidió que ésta no se publique en la gaceta estatal para que no surta efecto.