En los últimos dos años, unas 7 mil personas han sido desplazadas temporal o definitivamente de sus comunidades en municipios de Guerrero, principalmente en las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente.
Se trata de empresarios que han abandonado el estado o de familias de la sierra a las Los Templarios han quemado sus casas, secuestrado y asesinado a sus familias, casos que sólo han documentado organizaciones civiles.
Por el miedo, mujeres, hombres y menores de edad han viajado por la sierra hasta llegar a Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, en Guerrero, o han huido a estados cercanos. El número que resulta de esta movilización silenciosa, a partir de la información de las propias comunidades y organizaciones civiles alcanza las siete mil personas.
Por ejemplo, el empresario porteño Pascual Romero García estimó en un millar el número de familias que han huido de Guerrero en los últimos dos años, de las cuales el 25% son empresarios. Este diario visito varios de los pueblos abandonados y constató las casas quemadas y derruidas, los salones abandonados y ninguna autoridad presente.
Lo que experimenta Guerrero en materia de migración rural y urbana, consideró el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, coordinador de Pastoral Social del Arzobispado de Acapulco, constituye una verdadera “crisis humanitaria” ante la cual el estado debe actuar con determinación y sensibilidad.
Narcoinsurgencia
De acuerdo con la Alianza de Derechos Humanos “Guerrero Unido”, que coordina Leopoldo Soberanis Hernández, estos desplazamientos internos comenzaron a partir de julio de 2011, cuando grupos criminales iniciaron una “campaña de terror” en la parte alta de la Sierra Madre del Sur, incendiando casas y asesinando inocentes para estar en condiciones de aprovechar decenas de miles de hectáreas para cultivos ilícitos.
Soberanis Hernández, un ingeniero petroquímico que la mayor parte de su vida laboró en otros países, dijo estar seguro de que se trata de un fenómeno de “narcoinsurgencia” que busca despoblar las partes altas de la cordillera para apropiarse de las tierras con el fin de monopolizar la producción de amapola y marihuana, al mismo tiempo que combaten al estado.
“Estamos ante una campaña de terrorismo asociado con el narcotráfico, que ha causado ya muchas víctimas, protagonizada por bandas criminales entre las que identificamos claramente a la de los Caballeros Templarios”, afirmó el activista en entrevista con 24 HORAS.
Esta campaña de terror de Los Templarios abarca a los municipios de Petatlán y Tecpan en la Costa Grande; Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente, así como Apaxtla de Castrejón en la Zona Norte del estado y Tlacotepec en la región Centro, explicó el defensor de derechos humanos, quien para su protección cuenta con medidas de seguridad autorizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), por las amenazas que ha recibido de Los Templarios.
Es toda una región integrada en la Sierra Madre del Sur la que se encuentra bajo fuego de estos grupos criminales, de los que vecinos de la zona han reportado campamentos de más de 200 y 300 hombres armados que se mueven con total libertad en las partes altas, sin que las autoridades federales y estatales hayan podido contenerlos, dijo el activista.
Comisarios municipales y ejidales de esa región aseguraron que existe una situación de alarma en las comunidades. Por ello, los campesinos, que pidieron no ser identificados, revelaron a este diario que se están preparando para que, llegado el caso, enfrentar esas bandas criminales con las armas, en caso de que el gobierno “no asuma su responsabilidad”.
Desprotegidos
La Alianza de Derechos Humanos “Guerrero Unido” lleva un registro de 630 desplazados permanentes que pertenecen exclusivamente a las comunidades de la parte media y baja de la sierra de Tecpan de Galeana, concretamente en los ejidos de El Porvenir y Los Camarones, donde 16 poblados están completamente abandonados por sus moradores originales.
“Son desplazados permanentes que desde hace más de dos años los tenemos fuera de sus comunidades, donde los grupos delictivos han quemado sus casas y se han apropiado de ganado, utensilios agrícolas y muebles, lo que ha generado un panorama de total desolación”, afirmó el activista.
Soberanis Hernández dijo que todos estos desplazados, de los que nadie ha informado, al carecer de sus medios de subsistencia se encuentran en condiciones de pobreza extrema y sobre todo en un total abandono porque no ha habido ningún apoyo gubernamental para resolverles su problemática.
En esta región, la parte media de la sierra del municipio de Tecpan, los pobladores y organizaciones civiles aseguran que los grupos delictivos han cometido más de 60 homicidios y hay más de 38 desaparecidos entre 2011 y 2013, abundó el defensor de derechos humanos.
Soberanis Hernández indicó más adelante que esa agrupación civil se ha dado a la tarea de llevar un registro de agresiones cometidas tanto por las bandas criminales como por militares del 19 batallón de infantería que, en una colusión aparente, han hostigado a las comunidades en lugar de protegerlas.
Por violencia, despojo y robo, se han presentado 26 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero no investiga.
Todos estos desplazados están ubicados en San Luis San Pedro, San Luis La Loma así como en algunos pueblos como El Trapiche, el Guayabillo, El Llano, Buenavista y en la propia cabecera municipal de Tecpan de Galeana en esta región de Costa Grande, la franja costera situada entre los puertos de Acapulco y Zihuatanejo.
Los daños
-¿Cuál es el daño en estos pueblos de la Costa Grande?, se le preguntó a Soberanis Hernández.
“Tenemos más de 32 mil hectáreas de pastizales que están totalmente improductivas porque estos grupos criminales comandados por Crecenciano Arreola Salto, alias Chano Arreola, y por toda la bola de secuaces que lo secundan, han paralizado la actividad primaria como son la ganadería y la agricultura así como sus derivados. Esta es una cuenca que producía 10 mil litros diarios de leche, así como 300 becerros semanales para la producción cárnica, a lo que habría que restar la producción agrícola como maíz, frijol y otros productos que hoy están reducidos a cero. Podemos estimar que son decenas de millones de pesos los que se han perdido porque toda la ganadería desapareció debido que hatos ganaderos completos fueron hurtados por estos delincuentes, que mediante la comisión sistemática de homicidios obligaron a que las familias salieran huyendo sólo con la ropa puesta”.
¿A qué atribuye este embate de la criminalidad?
“Bueno, veo que se conjugan varios aspectos, estamos viendo que hay presencia guerrillera en la zona desde la época del Comandante Ramiro (mando del ERPI fallecido en 2009) y algunas otras presencias de gentes extrañas a los que han identificado como gente de La Familia Michoacana, pero también hemos visto una gran presencia de Los Caballeros Templarios que están afanados en dejar libre toda la parte alta de la sierra para producir de manera permanente la amapola y la marihuana.
¿Cuáles son los pueblos abandonados por la violencia?
“Actualmente tenemos un promedio de 16 pueblos fantasma nada más aquí en la zona del municipio de Tecpan de Galeana, pero este es un escenario que se repite trágicamente en el municipio de Petatlán, que es de hecho donde estas bandas criminales tienen sus centros operativos los grupos criminales, como El Mameyal, Las Parotitas, que es el centro donde reside Chano Arreola y su séquito de delincuentes, además de Las Parotas, El Banco, La Florita y Cerro Verde.
“Yo creo que en el área de Petatlán la situación es mucho más grave que la que tenemos en Tecpan de Galeana. Podríamos decir que Tecpan es un área de daños colaterales, pero el municipio con mayor afectación criminal es la parte alta de Petatlán, donde nosotros consideramos que hay más de dos mil 500 gentes desplazadas de todas las comunidades que no pertenecen a los grupos criminales, pero sí los obligan estar a su servicio como informantes, como rehenes, son gente de la clase más humilde que se constituye como una base social obligada”.
CNDH investiga desplazamientos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación en el caso de por lo menos 131 personas desplazadas del municipio de San Miguel Totolapan por violencia de la delincuencia organizada. Procedentes de la comunidad de Las Shascuitas, se resguardaron en la zona de Caleta, en Acapulco, en donde un funcionario municipal intentó desalojarlos mediante amenazas y sobornos.
Comments are closed.