Luego de que se detectó que empresas constructoras edificaron viviendas de lujo en terrenos previstos para construcciones de interés social, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y legisladores de la Asamblea Legislativa anunciaron la suspensión temporal indefinida de la Norma 26, disposición que regulaba la construcción de  vivienda de interés social en la capital del país.

 

El titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Simón Neumman, y legisladores locales, adelantaron que trabajaran en conjunto un paquete amplio para modificar el marco normativo de vivienda y desarrollo urbano de la Ciudad de México, a fin de evitar más irregularidades por parte de las empresas inmobiliarias.

 

Neumman, indicó que actualmente se están revisando  las  construcciones realizadas bajo dicha norma y anunció que ya se encuentran en marcha 11  juicios de lesividad en contra de desarrolladores inmobiliarios, de los cuales, cinco se están estudiando por incumplir la ley.

 

Recordó que está es la segunda vez que se aplica la suspensión a esta norma; la primera fue en enero de este año y sólo duró dos meses, pero aclaró que esta nueva suspensión será  definitiva hasta revisar el marco jurídico correspondiente.

 

“Esta suspensión la tendremos que revisar a conciencia para ver –la Norma 26- si la abrogamos, la cambiamos o la sustituimos”, dijo.

 

Neumman detalló que no sólo las empresas constructoras usaron este articulado como “bandera” para hacer viviendas y explicó que incluso personas físicas se aprovechaban de esta situación.

 

El secretario de Desarrollo Urbano dio a conocer los nombres de algunas de las empresas y personas que usaron de manera dolosa esta norma, como son  Consultoría Inmobiliaria, S.A de C.V, Compañía Constructora Arquitectura, Constructora Benjamín Salas Obregón, Javier Grajales Ovando y en  algunos casos copropietarios y personas físicas de viviendas normales.

 

Puntualizó que el problema es que no se respetó el precio de venta que oficialmente estaba acordado entre autoridades y particulares.

 

“Más que el otorgamiento de los certificados es el darle la vuelta a la norma por la cual, se ha abusado por mucho tiempo”, indicó.

 

En tanto, el líder del PAN en la Asamblea Legislativa, Federico Döring, señaló que la propuesta de ley que presentó su grupo parlamentario semanas atrás para echar abajo esta norma, no incluye ninguna acción de tipo penal y consideró que la norma 26 no puede ser un pasaporte a la impunidad ni tampoco un beneficio para los particulares.

 

“El único sujeto que puede adherirse al uso de la norma 26 es el Instituto de la Vivienda, cualquier otro tiene que verse como un negocio de particulares y no podría tener un trato preferencial”, aseveró.

 

En contra del señalamiento del panista, el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, se pronunció por que las constructoras sí tengan una sanción de tipo penal pues éstas incurrieron en acciones dolosas contra el gobierno.

 

Señaló que si debe hacer castigo a quienes cometan un ilícito, sea autoridad o no, y esos responsables deben de pagar.

 

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias, señaló que con la suspensión de esta medida no se afectará a los grupos sociales y a la gente que tiene necesidad de vivienda en la ciudad, porque  estarán a salvo de esta decisión, siempre y cuando se cumpla con las reglas de operación que emita el Instituto de Vivienda.

 

Indicó que se formará una mesa de trabajo para revisar el futuro de esta norma, y antes de que concluya el plazo dado a conocer en la Gaceta Oficial, publicada ayer, se dará una respuesta clara y consensuada con cada uno de los grupos parlamentarios y el gobierno de la ciudad.

 

Aclaró que esta norma jurídica es para su uso y cumplimiento y no para su abuso, por ello advirtió que quienes abusen de ella tendrán que enfrentar las disposiciones legales correspondientes.