En el mes de junio, la Comisión Nacional de Seguridad envió a la Cámara de Diputados un informe donde describe las cantidades de combustible robado. En él informa que aseguró un total 581 mil 578 litros de diesel; 848 mil 923 litros de gasolina; 218 mil 115 litros de petróleo, y 123 mil 473 litros de combustóleo.
Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y el Estado de México son los cinco estados en los que predomina el robo de petróleo y gasolina. Estas son las entidades en las que las organizaciones delictivas transnacionales tienen mayor actividad, así como una cobertura territorial suficiente para llevar a cabo este ilícito, ya que es importante contar con una logística y equipamiento para poder almacenar lo que se roba.
Para llevar a cabo este ilícito es importante contar con un respaldo de las autoridades locales, así como información detallada de Pemex. Este crimen requiere también de la contratación de ingenieros, mecánicos, choferes y vendedores. Cabe señalar que el equipo de bombeo y los tanques de almacenamiento no son bienes que se puedan comprar en cualquier lugar, al contrario, son contados los proveedores que tienen este material en el país.
Pemex informó el mes pasado que detectó cerca de mil 421 tomas ilegales de combustible en los primeros seis meses del año, casi el doble de las 722 tomas encontradas en el mismo periodo en 2012. La empresa estima que el crimen organizado ha adquirido el equivalente a 2.7 millones de barriles de combustible, equivalente a un día de la extracción anual. Esto equivale a un costo de cinco mil millones de dólares anuales.
Combatir el robo de petróleo, así como el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y otros delitos cometidos por los cárteles de la droga es un gran reto para las fuerzas de seguridad y debemos plantearnos si es el Estado el que debe resguardar el combustible en su transporte a lo largo del país.
Pemex ha hecho grandes inversiones en la protección de sus ductos e inclusive ha adquirido tecnología de punta para salvaguardar el combustible. Al igual que muchos mexicanos, Pemex paga sus impuestos y su tasa impositiva es una de las altas en el país; aun así, es víctima del crimen organizado. El robo de combustible existe porque hay compradores que adquieren dicho producto.
Se estima que el precio de los combustibles en el mercado negro es de hasta 30% menos y la motivación para ir a este mercado no sólo es el precio sino la falta de abasto y las trabas burocráticas para poder iniciar un negocio de distribución.
Este fenómeno que sólo se daba en el norte del país, ahora es común en lugares como Querétaro o Yucatán, donde a plena luz del día y en carreteras federales hay puestos que venden diésel y gasolina. Estos puestos y cualquier otro expendio ilegal representan un riesgo de seguridad, pues pueden causar accidentes muy graves.
La privatización de Pemex, no ayudará a eliminar este fenómeno. Pero una mayor competencia y más actores en la parte de distribución nos ayudarían a tener el número de distribuidores de combustible que necesita el mercado. El día de hoy hay un grupo de burócratas que deciden cuantas gasolineras deben existir en el país y también la inversión que éstas necesitan hacer. Con mayor competencia habría una guerra de precios y un mejor servicio; eso sí, con una supervisión adecuada como la que está realizando la Profeco en estos días.
Así como varios lideres de la izquierda argumentan que una apertura en el mercado de las drogas reduce la violencia, el mismo argumento se puede hacer para tener una mayor competencia en el mercado de energía y combustibles en este país. Entre más jugadores tenga el mercado de energéticos, más beneficios tendrá el consumidor y los incentivos para robar gasolina serán menores, dado que el precio de este bien será definido por el mercado. Lástima que la izquierda solamente quiera mayor competencia en el mercado de la marihuana.