Por la imposibilidad de hablar con sus abogados y las presuntas irregularidades desde su detención, el líder comunal de Aquila, Michoacán, Agustín Villanueva Ramírez, y cuatro personas más que fueron recluidas en el penal estatal de Mil Cumbres tras el operativo militar de la semana pasada, se negaron a declarar ante el juez.

 

Esta tarde se definirá si son sometidos a juicio por delitos que van del robo al secuestro, y que, según la defensa de los aprehendidos, son fabricados. Mientras eso ocurre, los familiares hacen guardia afuera del reclusorio exigiendo su liberación.

 

Verónica Bedolla, abogada defensora de Villanueva, explicó en entrevista con 24 HORAS que el proceso está lleno de anomalías desde que ocurrió la detención el miércoles de la semana pasada.

 

“No hemos podido tener un acceso adecuado con nuestros clientes, ni siquiera aquí en el juzgado, evidentemente les quisieron tomar la declaración preparatoria así, pero ellos se negaron como es su derecho. Será mañana (hoy) a las cuatro de la tarde cuando se resuelva su situación jurídica”, explicó.

 

Los presos en Mil Cumbres, además de Agustín Villanueva, son su hermano Vicente Villanueva, Guadalupe Magaña Orozco (actual Presidente de Bienes Comunales), Juan Manuel Ramírez Magallón y Salvador Martínez Cárdenas.

 

A todos ellos se les acusa de delitos a nivel local como secuestro, robo y allanamiento. A nivel federal no tienen imputaciones.

 

La abogada explicó que en el caso de Agustín, fue detenido en su casa en medio de un fuerte operativo que incluyó dos helicópteros.

 

“Lo sacaron de su casa, al parecer eran militares, lo desvistieron le pusieron otra ropa, buscaron armas en todos lados pero no encontraron nada porque no es cierto lo que se dice que el anda armado, le robaron todas las identificaciones, y así se lo llevaron en unos vehículos al reclusorio”, indicó.

 

La defensora negó que Villanueva encabece un grupo de autodefensa ligado al crimen y sostuvo que fue él quien impulsó que las regalías de la minera se repartieran en más de 400 familias, situación que le generó enemistades con gente que acumulaba los beneficios.

 

Cargos fabricados

 

De acuerdo con la versión de la defensa, los cargos en contra de Villanueva Ramírez son resultado de las denuncias interpuestas por una persona de nombre Salvador Alcalá, supuesto trabajador de una empresa denominada Transportes San Miguel, y quien antes de que se hiciera equitativo el reparto de utilidades de la mina, recibía una comisión importante.

 

“Este sujeto incluso solicitó apoyo para la compra de una camioneta de transporte, gastó dinero de todos en la compra de una Ford Lobo de lujo, y luego simuló el robo de la unidad para cobrar el seguro y acusó de ese atraco a Villanueva, pero es un cargo del 2011 y un juzgado de Colima en su momento desestimó este asunto”, indicó la defensora.

 

El cargo de secuestro, reveló Bedolla, proviene de una nueva denuncia de la misma persona que, además, según se dice en la localidad, podría tener nexos con grupos delictivos.

 

En ese contexto la abogada señaló que presentan pruebas contra las acusaciones.

 

Mientras esto se resuelve un grupo de aproximadamente 20 personas, entre familiares y amigos de los detenidos, se encuentran en plantón afuera del centro penitenciario, para exigir que los comuneros sean puestos en libertad.

 

Anomalías en PGR

 

Bedolla confirmó que las anomalías tras el operativo en Aquila del pasado 14 de agosto, se presentaron también en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, a donde fueron llevados los otros 40 detenidos

 

“Yo intenté hablar con un pasante de derecho que también lo detuvieron en el operativo, lo sacaron de la oficina porque según le encontraron un arma, pero cuando por fin me dejaron entrar a la SEIDO querían que avalara una declaración que le tomaron sin abogado y me negué y ya no me dejaron verlo”, dijo la litigante.

 

Incluso, agregó, utilizaron el teléfono de su pasante para enviarle mensajes intimidatorios a su esposa que se encuentra embarazada, donde le decían que “cuidara a su hijo”.

 

Según la abogada, entre los detenidos hay personas que no tienen relación alguna incluso con las actividades comunales, como por ejemplo un albañil.

 

“Espero que el juez federal que lleve ese caso en Veracruz los deje libres, porque va mucha gente que no tenía nada que ver”, indicó.

 

El fin de semana la PGR informó que se había consignado a 24 de los comuneros detenidos por delincuencia organizada y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, y el resto por delitos no graves.

 

Familiares denuncian detención arbitraria

 

 

Ante el miedo de ser identificados por Los Caballeros Templarios, dos hombres y una mujer, viajaron desde Aquila, Michoacán, hasta la ciudad de México, y con los rostros cubiertos exigieron la liberación de los 45 guardias comunitarios.

 

“Exigimos la libertad inmediata de 45 compañeros recluidos en el Estado de Veracruz y cinco de ellos en Morelia, los compañeros son inocentes de los delitos que les imputa el gobierno federal, no son delincuentes”, declaró la mujer que usaba un sombrero negro, una bufanda color guinda y unos lentes obscuros. Aseguró que son un grupo legitimado que se conformó como guardia comunitaria.

 

Los tres sólo se identificaron como familiares de los comuneros, dijeron que la detención fue arbitraria ya que no presentaron ninguna orden de aprehensión ni cateo, además denunciaron que el Ministerio Público no les permitió tener acceso a un abogado de confianza sino que les impuso un defensor de oficio.

 

Aseguraron que la infiltración del crimen organizado en la comunidad provocó que la gente empezara a defender sus recursos y su comunidad con la creación de la guardia el pasado 24 de julio. Los Caballeros Templarios cobraban 700 mil pesos mensuales por protección.

 

“Son falsas las declaraciones que se han hecho asegurando que todo está tranquilo, aquí (Aquila) ya no hay garantía de seguridad, hay amenazas de muerte por parte de los Templarios” declaró la mujer.

 

De los 45 comuneros, 40 fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, en Villaldama, Veracruz, de los cuales 16 fueron consignadas por delitos no graves y podrían obtener su libertad bajo caución. Los otros 24 están acusados por delitos graves como delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.

 

Uno de los hombres, explicó que las armas que tiene la comunidad están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las armas de la guardia comunitaria son las que les quitaron a los policías municipales cuando se creó la guardia comunitaria, el pasado 24 de julio, debido a que los habitantes consideran que los municipales están envueltos en el crimen organizado.

 

Los tres encapuchados dijeron que el problema principal es con la minera, consideran que Ternium tiene más protección que los pobladores y que ha explotado el trabajo de los habitantes, además de los recursos.

 

Aquila en calma

 

Octavio Villanueva, el representante comunero de Aquila, explicó en entrevista para 24 HORAS, que la situación en el poblado se encuentra en relativa calma pero que él ha recibido amenazas por parte del crimen organizado, a raíz de las declaraciones hechas a medios de comunicación.

 

Señaló que el único apoyo que ha recibido ha sido por parte de las guardias comunitarias de Chinicuila, Coalcomán y Tepalcatepec, que también exigen la liberación de los detenidos.

 

También dijo que la mayoría de la población se dedica a la agricultura pero que se apoyan con la regalía que les ofrece la empresa y que este pago ha sido constante pero que hay cosas en convenio con la mina no se han cumplido, por ejemplo el precio que se paga por tonelada de material extraído.

 

Ternium, señala Octavio, no ha tenido operaciones desde un día antes del operativo, solamente se ha dedicado a sacar el material triturado, pero no ha trabajado al 100 por ciento. De los comuneros solamente 15 trabajan en la mina, ya que la empresa no les da trabajo a los habitantes del lugar, el 80 por ciento de los trabajadores son originarios de Colima y Jalisco.

 

El Comisariado denunció además que durante el operativo, en el que participaron elementos federales y estatales robaron de su oficina 20 mil pesos, que la genta había cooperado para gastos de la comunidad, además de celulares y dinero.  Confirmó que se registraron  heridos.

 

Aparte de la mina, la población de San Miguel de Aquila cuenta con maderas finas que también son robadas por el crimen organizado.

 

Dato

700

Mil pesos mensuales cobraban Los Templarios por dar “protección” en Aquila