La lucha contra las drogas ha generado daños incuantificables al Estado mexicano. Miles de conciudadanos han muerto, mientras la industria criminal crece y corroe a las instituciones. En el recuento de los daños, lo que menos crece son las adicciones. Por ejemplo, en seis años, el consumo de mariguana creció sólo 0.3%. Por su parte, EU, aumenta la presión a favor de la guerra, mientras sus estados liberan el consumo de la cannabis.
Ante la frustración de ver al país desangrarse, a las instituciones resquebrajarse y al vecino liberarse, la sociedad reflexiona y exige nuevas respuestas.
Si queremos resultados diferentes debemos dejar de hacer siempre lo mismo. Con ese razonamiento y ante los resultados de la política antidroga europea crece la presión para regularizar la mariguana en México.
Por un lado, Vicente Fox, con su frívolo estilo, ridiculiza la política pública y promueve el negocio. En el otro extremo, están Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Fernando Gómez Mont, Pedro Aspe y Juan Ramón de la Fuente que, desde la ciencia (social, jurídica, económica y médica), buscan demostrar el impacto que habría de tener la política de regularización. Desde la trinchera pública, Vidal Llerenas y Fernando Belauzarán (legisladores local y federal) encabezan el esfuerzo de legalizar en el Distrito Federal ante la postura ambigua del gobierno federal.
En ese espectro surge el grupo SMART, que confronta la política prohibicionista desde una óptica de derechos humanos. SMART significa Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante y la conforman Armando Santacruz, Juan Francisco Torres Landa, Moy Schwartzman y Andrés Aguinaco. Allende la creatividad del nombre, estos abogados y empresarios promueven el derecho a la elección. Su argumento se centra en el derecho del ciudadano para decidir qué consumir independientemente del daño que puedan hacerle a su cuerpo. SMART explica que si hemos de castigar el consumo de la mariguana, habría que hacerlo también con tabaco, alcohol, refrescos y comida chatarra que causan mayor número de muertes por adicciones y obesidad.
Las autoridades pueden argumentar que el consumo no está prohibido pero no olvidemos que los límites permitidos son tan pequeños que no sirven ni de discurso demagógico.
La intención de SMART es desarrollar un camino alterno a la discusión en torno a las drogas para ir más allá del enfoque de seguridad y salud pública. Apelan directamente a los derechos individuales establecidos en la Constitución.
Para lograrlo, solicitaron, primero, un permiso ante la Comisión Federal Para la Regulación (COFEPRIS) para conformar un grupo de consumidores de mariguana. Como esperado, la comisión se los negó con fundamento en la Ley General de Salud que impide el consumo de dicha sustancia. A partir de ahí, SMART pudo promover un amparo en la Suprema Corte de Justicia para exigir el respeto a la libertad de hacer con su cuerpo lo que quieran mientras no afecten a terceros.
El recurso jurídico es impecable y abre una nueva ruta para debilitar la política prohibicionista que tanto daño ha causado. Es una forma creativa y sólida jurídicamente para demostrar que la perversa estrategia prohibicionista es débil en todos los sentidos y debe ser revisada para contribuir a la construcción de la paz en México.
SMART asume que la legalización de la mariguana no terminará con el conflicto pero provoca una discusión distinta en torno a las drogas. Replantea el dilema. Abre un abanico de soluciones distinto al de la guerra. El problema es demasiado serio y el daño demasiado profundo para ser tomado a la ligera. SMART da un paso para llamar al estado a concentrarse en la protección del ciudadano más que en su persecución. En aras de defender nuestros derechos humanos vale la pena considerarlo.