Mil 300 policías ministeriales fueron despedidos por la Procuraduría General de la República (PGR),  durante la gestión de Marisela Morales, con evaluaciones de control de confianza incompletas y que no cumplían con lo que marca su propia ley orgánica.

 

De ellos, menos de 30 agentes han sido reinstalados mediante “acuerdos de improcedencia”, de los cuales este diario tiene copia de tres, emitidos por el Consejo de Profesionalización de la PGR cuatro días antes de que acabara el sexenio pasado.

 

En cada documento, escrito exactamente con la misma redacción, la PGR reconoce que no se aplicaron todas las pruebas que requiere la evaluación conjunta, y por lo tanto, “no explican en forma lógica la manera en que se haya producido la conclusión de no apto”, situación que es suficiente para declarar improcedente la separación del cargo.

 

Agentes de la Policía Federal Ministerial (antes AFI), afectados por las evaluaciones, señalaron en entrevista con 24 HORAS que el mismo error se cometió con la mayoría de los elementos despedidos, pues todos fueron evaluados de la misma forma, pero hicieron notar que sólo una minoría fue reinstalada.

 

“Tenemos conocimiento de que cerca de 30 agentes fueron  beneficiados con ese acuerdo de improcedencia, pero las razones aplican para todos porque es la misma anomalía que se cometió con todos nosotros. El procedimiento de evaluación al que nos sometieron es el mismo”, dijo el ex agente Manuel Luna Juárez.

 

Faltaron dos pruebas

 

En los distintos acuerdos de improcedencia a los que este diario tuvo acceso, y que fueron firmados por el entonces subprocurador Irving Barrios Monica, el Consejo de la PGR hizo énfasis en que el artículo 54 de la Ley Orgánica establece que “los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo la prueba toxicológica”.

 

El artículo 85 del reglamento de la Ley, detalla que los exámenes son el médico, toxicológico, de aptitudes físicas, psicológico, entorno social y patrimonial, poligráfico, y desempeño. El problema en todos los casos analizados, es que el Consejo detectó que sólo se aplicaron cinco pruebas, y  se ignoraron la de desempeño y aptitudes físicas.

 

“Del contenido del documento denominado Evaluación Conjunta, en el que se plasma la conclusión y el resultado único de NO APTO, no se desprende que se hayan tomado en cuenta la totalidad de las evaluaciones que conforman el proceso de evaluación de control de confianza, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 54 de la Ley Orgánica”, subrayó el Consejo.

 

Esa situación, agrega el acuerdo, no justifica con qué lógica se evaluó al policía y por tanto no puede hablarse de que exista una “verdadera evaluación conjunta”, situación suficiente para dejar sin efecto el proceso de separación.

 

Los agentes separados Miguel Luna Juárez, con 26 años de experiencia, y Salvador Rubén Vázquez con 18, y uno más que pidió reserva de su nombre porque sigue trabajando gracias a un amparo, señalaron que bajo ese criterio a todos se les debería anular el procedimiento.

 

“Se manejó que funcionarios de PGR pedían hasta 20 mil dólares  (…) o que tuvieron que dar relojes y otros sobornos para que les expidieran el documento a los que podían costear eso. Pero la verdad es que esas irregularidades se cometieron con todos”, indicó Luna.

 

Alistan movilizaciones

 

Al menos 300 de los agentes despedidos realizarán la próxima semana movilizaciones hacia el edificio central de la PGR y, de no ser atenidos, a la Residencia Oficial de los Pinos, para exigir que sus casos sean revisados y solicitar que se anulé el proceso de separación.

 

Los policías afectados pretenden entregar al procurador Jesús Murillo Karam, en su carácter de presidente del Consejo de  Profesionalización, una sesión extraordinaria y se atiendan las solicitudes de improcedencia.

 

“Resulta aún más extraño que se nos esté discriminando ante las peticiones que hemos hecho de la solicitud de los acuerdos de improcedencia, ya que en un sentido de legalidad no tendríamos ni por que solicitarlo sino que de oficio se hubiese hecho, como ocurrió en otros casos”, indica el escrito que será entregado.

 

Luna Juárez indicó que continuarán llevando la batalla hasta donde sea necesario, pues hay policías con décadas de experiencia que de la noche a la mañana fueron echados a la calle, cuando nunca tuvieron sanciones ni amonestaciones en toda su carrera.

 

DATO

300 agentes despedidos realizarán la próxima semana un plantón frente a las oficinas centrales de la PGR