Las 34 universidades públicas estatales, que atienden a un tercio de la matrícula de educación superior en el país, no son ajenas a la crisis de los sistemas de pensiones en el país. En los últimos 11 años, atender este problema estructural tuvo un costo para la Federación de más de 10 mil millones de pesos.
Dicho monto equivale aproximadamente a 10% del presupuesto federal destinado este año a la educación superior este año.
Desde 2002, las universidades públicas del país debieron iniciar un proceso de reformas estructurales a sus sistemas de pensiones y jubilaciones. Esto, a partir de un diagnóstico inicial en el año 2000 que advirtió sobre la situación “insostenible” de algunas instituciones que en algunos casos amenazaba con desestabilizar la economía de las Instituciones, de las entidades federativas y del gobierno federal.
A 11 años de la puesta en marcha del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, los recursos son insuficientes y algunas instituciones no han logrado consolidar los cambios necesarios.
Entre las instituciones que no han logrado avanzar están las universidades de Sonora, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Estado de México, de Chiapas, la Veracruzana y la Benito Juárez de Oaxaca, las cuales en algunos ejercicios desde 2002 quedaron al margen de los recursos autorizados para el rescate, debido a la ausencia de proyectos de reestructura.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que los recursos se entregan en función del ahorro logrado por cada institución debido a los incrementos en las reservas y las aportaciones de los trabajadores y pensionados, actuales y futuros; asimismo, al ahorro logrado por la disminución del pasivo de la generación actual y futura de trabajadores.
El Informe sobre la evaluación de la política pública de educación superior 1989-2012 de la Auditoría Superior de la Federación, presentado en febrero pasado, señala como una de las principales problemáticas del sector que entre 80% y 85% del subsidio ordinario, se destina a cubrir la nómina de servicios personales, lo que deja un margen estrecho para cubrir los gastos de operación, y prácticamente nulo para llevar a cabo otras inversiones sustantivas para la mejora académica.
DATOS
34 universidades públicas estatales en el país
31% de la matrícula nacional de educación superior
37.5% de los recursos federales
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