Por considerar que los despidos no tenían fundamento, e incluso que hubo apreciaciones subjetivas en pruebas de evaluación de confianza, jueces dejaron sin efecto resoluciones de separación del cargo que dictó la Procuraduría General de la República (PGR) contra un centenar de agentes federales.
Este diario tuvo acceso a lista de más de 300 elementos que han tramitado juicios de nulidad y amparos luego de que fueron despedidos durante la gestión de Marisela Morales en la PGR, con el argumento de no haber superado los procedimientos de evaluación de confianza.
En poco más de cien casos, los agentes involucrados recibieron sentencias favorables de jueces y salas que han revisado los procedimientos, pese a los recursos de revisión que ha interpuesto la PGR.
Aun con dichas resoluciones, ninguno de los policías favorecidos ha logrado su restitución, ya que las reformas hechas en los últimos años al artículo 123 de la Constitución Política impiden que sean reinstalados.
“Estamos en la indefensión porque el máximo beneficio al que aspiramos es una indemnización de acuerdo con lo que marca la constitución. El problema es que nos dieron de baja con apreciaciones que la PGR no ha justificado nunca en los juicio, e incluso con exámenes de control de confianza que no aplicó como deberían ser”, dijo en entrevista el agente destituido Miguel Luna Juárez.
24 HORAS publicó ayer información sobre documentos del Consejo de Profesionalización de la PGR, en los que se reconoce que las pruebas de control de confianza fueron aplicadas de forma incompleta, pues no se contemplaron todas las evaluaciones de la Ley Orgánica de la institución para una evaluación conjunta.
Dichas anomalías fueron suficientes para que la Procuraduría decidiera restituir a policías dados de baja, pero hasta ahora menos de 35 policías, de los más de mil 300 policías dados de baja, fueron reinstalados.
Las sentencias
En la sentencia de la Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, correspondiente al expediente 16040/11-17-10-8/624/12-SSA-3, los magistrados advirtieron que la PGR careció de fundamentos en el proceso de separación del cargo del policía demandante.
“La autoridad (PGR) fue omisa en fundar y motivar debidamente su resolución, pues su pronunciamiento respecto a las manifestaciones y pruebas aportadas por el hoy actor durante el procedimiento de separación fue genérica”, indica la determinación de los magistrados.
En otra determinación, la del juicio de nulidad número 3874/12-17-10-8/2790/12-PSA-3, los magistrados de la Primera Sala Auxiliar del referido tribunal advirtieron que la PGR ilegalmente separó de su cargo a un policía por una prueba psicológica, y sin atender las pruebas que presentó.
“La valoración por parte de la autoridad demandada se torna relativa, ya que los resultados derivan de las apreciaciones subjetivas de quienes practicaron las pruebas, por lo que se concluye que era necesario el dictamen de peritos”, indica la sentencia.
En estas sentencias favorables y otras que este diario pudo verificar, la resolución de los jueces fue dejar sin efecto el procedimiento de separación del cargo.
El problema, como confirmaron agentes entrevistados, es que la reforma al artículo 123 constitucional fracción XIII apartado B impide su reinstalación aun con juicios favorables, y en el escenario más positivo solo se contempla una indemnización.
El 12 de marzo de este año el diputado federal José Francisco Coronato Rodríguez, presentó una iniciativa con proyecto de reforma para que se modifique el referido artículo para que los policías hayan sido removidos con un proceso que se declare injustificado, puedan ser reinstalados.
Los agentes entrevistados adelantaron que alistan una campaña ante el Poder Legislativo para que dicha iniciativa se discuta en breve y pueda ser aprobada.
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