La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que no se ha logrado erradicar la práctica de la tortura en el país, y prueba de ello son las 110 averiguaciones previas que tiene abierta la institución por este delito, y que involucran a autoridades de seguridad pública, ministeriales y penitenciarias de todos los niveles.

 

En entrevista con 24 HORAS, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, reconoció que el país está aún lejos de lograr una erradicación de esta práctica nociva.

 

“Las conclusiones (de las averiguaciones previas abiertas), sean las que sean, es que sigue habiendo tortura, es decir, estamos muy alejados si pretendemos creer que tendremos resultados negativos en todas las investigaciones si se toma en cuenta los protocolos internacionales, el protocolo de Estambul”, señaló.

 

Lo que no puede permitirse el país –agregó el subprocurador– es que los actos de tortura queden impunes, pues eso fomenta la ilegalidad. El compromiso es resolver cada caso y castigar a los responsables, dijo.

 

Señaló que sólo si se consigue que los policías o funcionarios que cometen estos ataques sean castigados y encarcelados, se podría ir purgando esta práctica del sistema de justicia en México.

 

La PGR envió un informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el avance en las investigaciones de caso de tortura y otra violaciones a los Derechos Humanos, previo a la evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal que realizará dicho organismo en octubre.

 

Deben velarse garantías en Michoacán

 

El subprocurador García Cervantes dijo que la intervención de las fuerzas federales en Michoacán y la situación “compleja” de violencia que se registra en el estado, hacen necesario que se fortalezca la supervisión de los derechos humanos.

 

En ese contexto celebró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya decidido abrir una oficina foránea en la entidad, pues dijo que el organismo podrá tener una actitud no solo reactiva sino proactiva, y velar porque las garantías se respeten y proceder en contra de autoridades cuando haya irregularidades.