La Cámara de Diputados y el Senado huyendo a un centro de exposiciones del otro lado de la ciudad no es muy republicano. El que manifestaciones multitudinarias sitien al Congreso y lo obliguen a huir no es, para nada, una señal democrática ni honorable.
La discusión de las leyes reglamentarias de la reforma educativa se parece a la toma de posesión de Felipe Calderón: las sillas de los diputados bloqueando las puertas principales y el presidente de México entrando por una puerta de servicio, a empujones y protestando de forma atropellada. Sin embargo, es mucho peor, los legisladores huyeron a sesionar en un espacio privado.
¿Somos o no somos una democracia?
Somos incrédulos de nuestra democracia y no hemos sido capaces aún de hacer una democracia suficientemente incluyente, en la que el Estado se crea el adagio weberiano de que es el único poseedor legítimo de la violencia y el ejercicio democrático no implique el boicot a actividades privadas.
En el último año hemos tenido eventos desafortunados en los que se desborda la violencia: la toma de posesión del presidente Peña Nieto, la conmemoración de la matanza del 10 de junio y algunos hechos esta semana con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El 1 de diciembre, la autoridad permitió destrozos antes de actuar. Cuando lo hizo, atrapó a los primeros que iban pasando. Detuvo a inocentes. Antes que admitir su error prefirió modificar la ley en un sentido que puedo compartir, pero que resulta sumamente grave porque la actual redacción se hizo con base en un hecho concreto en vez del sentido lógico de legislar hacia lo general.
El viernes 26 de agosto sólo escuchaba voces iracundas contra los maestros por haber sitiado el aeropuerto y “desquiciado la ciudad”. ¿Por qué Miguel Ángel Mancera no hizo su trabajo y los desalojó? Preguntaban.
La Secretaría de Educación Pública no levanta actas de abandono de empleo contra los maestros faltistas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados suda y huye. ¿Alguien podría esperar que Mancera lanzara gases lacrimógenos y chorros de agua fría?
Somos una democracia pero no somos una sociedad incluyente. Los dirigentes magisteriales persiguen un fin político, pero las bases simplemente se sienten amenazadas por la nueva legislación, se resisten al cambio y hacen lo que nuestra democracia les deja hacer. Ninguna ley establece claramente una contraprestación a los bloqueos de vialidades, el sexto constitucional limita los derechos a la afectación de los de terceros, pero no define nada más ni tiene ley reglamentaria.
La huida del cobarde Congreso de la Unión a instalaciones de un banco extranjero es el acto más antidemocrático que hemos tenido en décadas. Los clamores por el desalojo a los maestros son tan justificados como la estrategia de asedio y confrontación que han emprendido ellos al ver amenazados sus intereses; tengan o no razón unos u otros, sus motivos poseen. El problema está en el sistema de reglas que respalda a nuestra democracia.
No me agrada la idea de regular las manifestaciones, me parece que eso supone más riesgos que beneficios y presupone que el único uso posible de las calles es la circulación de vehículos motorizados. Tampoco me agrada, sin embargo, que la única forma de defender causas sea la afectación a los demás.
Me parece necesario que en el marco de la democracia definamos mecanismos mucho más cooperativos de convivencia y reglas claras para que la ley se aplique aunque duela, y no me refiero a lanzar gases lacrimógenos en Boulevard Puerto Aéreo, pero sí aceptar que evite con la fuerza y con sanciones que alguien impida deliberadamente la instalación de nuestras instituciones democráticas, como el Poder Legislativo, así se trate de maestros, como pasó esta semana, o legisladores, como pasará dentro de dos semanas.
El próximo domingo, Enrique Peña Nieto presentará su primer informe de gobierno. Por mí, no hay mayor problema que lo inicie con el título de este artículo. Es la verdad y ya veremos las escenitas que se avecinan con la reforma energética.