Los cuatro obispos de las diócesis de Guerrero preparan una propuesta que sume a todos los sectores sociales para atender a los desplazados por la violencia en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, quienes viven una “crisis humanitaria”.

 

Para el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, coordinador de Pastoral Social de la Provincia de Acapulco, no existe duda, las comunidades viven en la “intemperie” ante “la ausencia de las instituciones del Estado”, por ello deben sumarse sociedad, academia, iglesia y gobierno que permita auxiliarlos.

 

“Estamos –sostuvo– ante una crisis humanitaria que se produce no sólo en la sierra, sino también en las zonas urbanas, particularmente en Acapulco, donde desde hace años hay un desplazamiento granulado de familias que huyen de la violencia, es un mundo de gente que se ha ido de Acapulco”.

 

El sacerdote precisó que los obispos de Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa, que integran la Provincia de Acapulco, analizan el tema “de manera que puedan generar una propuesta desde la Iglesia”, priorizando “el aporte humanitario y la reconstrucción del tejido social”.

 

Y es que los sacerdotes de esta región del país han seguido una línea cercana a la llamada Teología de la Liberación, que hasta la llegada del Papa Francisco era cuestionada por el Vaticano.

 

Pero en particular Mendoza Zaragoza, que es egresado del Seminario Regional del Sureste (Seresure) de Puebla -actualmente clausurado por la jerarquía eclesiástica- ha tenido un ministerio en una opción preferencial por los pobres.

 

El sacerdote conoce Guerrero, sus comunidades y su gente, también los fenómenos de injusticia que allí ocurren, por eso no duda al decir que si bien el fenómeno de los desplazados suma una serie de factores que se han conjugado, también es cierto que “hay regiones como las que están en la sierra, aisladas, en las cuales no hay condiciones para que las comunidades puedan resistir a la inseguridad, a las acciones violentas”.

 

“Por un lado, en estas regiones hay ausencia de las instituciones del Estado, están a la intemperie. Por otra parte, en esas regiones las organizaciones criminales han tenido esa capacidad para ejercer el control territorial de manera que llegan a condiciones de mucha exigencia en contra de la gente: la presionan, la obligan ya sea a colaborar con ellos, a desarrollar acciones dentro de esa dinámica criminal y, pues, la gente se resiste y ante las amenazas tienen que salirse”.

 

El crimen controla zonas

 

El sacerdote aseguró que ese control territorial logrado por los criminales explica los desplazamientos masivos que se han dado en las últimas semanas; sin embargo, hay otro tipo de desplazados que se han dado en el ámbito urbano, los que “se desplazan de una colonia a otra, para esconderse, o que se van de una ciudad a otra ciudad”.

 

“Aunque no hay estadísticas, es un mundo de gente el que se ha desplazado. El desplazamiento interno que hay en la ciudad  y también hacia fuera de la ciudad. Entonces es un fenómeno social en crecimiento, el cual es posible que crezca más, en la medida en que las instituciones públicas no tienen la capacidad para generar condiciones de seguridad en esos lugares de mucho mayor riesgo. No vemos que eso vaya a suceder a corto plazo”.

 

“Yo no tengo una idea precisa sobre esto, simplemente la información que me llega de manera directa de las familias en el sentido de que viven en una colonia, se sienten muy amenazadas y se tienen que ir a esconder en casa de familiares. O familias completas que han tenido que irse de la ciudad. De hecho, un buen número de personas que colaboraban aquí en esta parroquia ya no están, se han tenido que ir. Entonces en ese sentido, este desplazamiento, digamos granulado, se ha dado desde hace varios años. Pero como no ha sido muy visible y los desplazados prefieren guardar silencio, entonces no se le ha hecho caso a este tema”, alertó Mendoza Zaragoza.

 

Urgen estrategias

 

Es por eso, dijo el sacerdote, urge construir una estrategia en dos vertientes, que permita recuperar el control territorial utilizando la fuerza pública y, por otra parte y al mismo tiempo, “desarrollar procesos de reconstrucción social, más en la línea del tejido social y que busque el desarrollo integral en estas regiones”.

 

“Creo que el Estado no puede hacerlo todo. Es importante la participación de la sociedad. Es importante que haya una alianza entre instituciones sociales, religiosas y las instituciones públicas, para generar procesos en esas regiones donde se recupere el territorio y se generen condiciones de integración social que permitan fortalecer a los pueblos y las comunidades, para que no estén en situaciones tan vulnerables y no vivan amenazados. Entonces tiene que ser algo más completo en relación con en estos pueblos que han sido expulsados masivamente”.