Ante el cúmulo de denuncias presentadas en México por violaciones a los derechos humanos, el gobierno presentó un informe ante la Organización de las Naciones Unidas donde se defiende y asegura que se realiza lo necesario para combatir este tipo de delitos.
En el documento “Segundo Informe de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos”, enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se detalla que se efectúan investigaciones y reforma legales para combatir delitos como trata de personas, desaparición forzada y tortura.
Pero víctimas y sus familiares han denunciado, ante organismos nacionales e internacionales, que estas acciones no se han aplicado o no han dado resultados.
Como ejemplo están la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el incendio en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, donde los familiares siguen reclamando justicia y evidencian que no ha habido avance en las investigaciones, además, no se ha castigado a todos los responsables.
A dos años del ataque al casino, que ocurrió el 25 de agosto de 2011, la mayor parte de los delincuentes que participaron han sido consignados o han muerto, pero hasta el momento ningún funcionario ha recibido alguna sanción penal o administrativa al tolerar el funcionamiento de un negocio de apuestas que no cumplía con la ley. En esa ocasión fallecieron 52 personas.
Activistas, periodistas y migrantes
En 2011 se publicó la reforma integral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que modificó siete artículos y se agregó el concepto de derechos humanos, detalla el informe. Pero antes, en 2010, se había puesto en vigor la Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos humanos.
Asociaciones denunciaron que en los últimos dos meses al menos cinco albergues de ayuda a migrantes han sido víctima de agresiones, esto pese a contar con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Federal de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Este mecanismo inició operaciones en noviembre de 2012 y para junio de 2013 recibió 87 solicitudes de incorporación; 35 de periodistas y 52 de defensores de derechos humanos.
En días pasados, Amnistía Internacional (AI) denunció que elementos de la Policía Federal amenazaron un albergue para migrantes en Tapachula, Chiapas. Los agentes alegaron que en el albergue “Todo por ellos” se daban casos de prostitución y explotación infantil.
Tortura y desaparición forzada
Entre febrero y julio de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 99 indagatorias por tortura derivadas de juicios federales. Aunque el pasado 22 de agosto, la Procuraduría admitió que hay 110 averiguaciones previas, por ese delito.
La CNDH emitió 51 recomendaciones en materia de tortura a la Secretaría de Defensa Nacional, ocho a la Secretaría de Marina, cinco a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y una a la Procuraduría General de la República, esto de 2007 a 2012.
Amnistía Internacional documentó, en los últimos tres años, por lo menos 152 casos de desaparición forzada en nuestro país, en 85 los responsables son las fuerzas del Estado: soldados, marinos y policías.
El mes pasado, AI registró la desaparición forzada de tres personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos de la Secretaría de Marina. Un testigo declaró que fueron llevados al campamento, en la Ciudad Deportiva, y desde entonces no se sabe de ellos.
Los testigos tienen miedo a sufrir represalias si denuncian formalmente los hechos. Amnistía Internacional solicitó al presidente Enrique Peña tomar medidas para encontrar con vida a las víctimas y consignar ante las autoridades civiles a los responsables.
Justicia militar
De mediados de 2012 a julio de 2013, la Procuraduría General de Justicia Militar y los juzgados militares declinaron a las autoridades civiles 231 averiguaciones previas y 180 causas penales en casos de violación de derechos humanos contra civiles y la PGR está en proceso de revisar los expedientes.
Existen diversas iniciativas para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar y que serán juzgados por los propios militares. Pero en abril de este año, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, aseguraron que el Poder Legislativo se ha mostrado incapaz de avanzar en la reforma.
En 2012, el coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir tortura y el asesinato de un joven en el estado de Morelos, fue el primer caso en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que su juicio sería tratado por un juzgado civil.
Trata de personas
Entre 2011 y 2012 la PGR inició 141 averiguaciones previas y realizó 35 detenciones relacionadas con la trata de personas. A través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) se brindaron 8 mil 978 servicios, puntualiza el documento, de los cuales 7 mil 613 corresponden al refugio especializado que brinda apoyo legal emocional, servicios de salud, entre otros.
En junio de 2012 se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.
24 HORAS publicó en junio, que el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A. C. (CEIDAS) detectó que México es el segundo país que provee más víctimas de trata a Estados Unidos, superado solamente por Tailandia.
También es el país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata y se identificaron 13 ciudades principales: seis en la frontera norte, tres en el pacífico, una en el Golfo de México y la Península de Yucatán y dos en el centro del país.
DATO
110 averiguaciones previas lleva la PGR por tortura