La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó ayer que los 13 cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco corresponden a personas que fueron reportadas como desaparecidas hace tres meses al encontrarse en el bar Heaven de la Zona Rosa.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo reconoce la desaparición de 12 personas, porque aparentemente nadie ha denunciado la ausencia de Alan Francisco Daniel Menchaca Bazán, que sería el cuerpo número 13.
En un comunicado, la PGR precisó que en todos los casos los procesos de identificación se hicieron mediante pruebas de ADN, así como con señas particulares “indubitables” de acuerdo a las fichas de identificación proporcionadas por el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la PGJDF.
“El Ministerio Público Federal determinó remitir los restos humanos y todos los indicios relacionados a la PGJDF con el objetivo de que se continúen las investigaciones por los delitos de secuestro y homicidio, competencia de las autoridades locales”, especificó la PGR.
Sin embargo, familiares de los desaparecidos aún dudan de que se trate de los jóvenes, por lo que esperan los resultados periciales y exigen que sea la PGR quien investigue.
Desconfianzas entre procuradurías
La desaparición de los jóvenes del bar Heaven ha puesto a prueba la capacidad de los investigadores de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y su relación con la PGR. Tres meses después y tras el hallazgo de los cuerpos, quedan los discursos políticos, las justificaciones, las relaciones entre fiscalías deterioradas y una indagatoria que pareciera nadie quiere terminar de integrar.
La Procuraduría capitalina tuvo que abrir un expediente, pero lo hizo tres días después de ocurrido el secuestro y, al principio, ni siquiera se atrevía a reconocer que se trataba de un secuestro. Desde el principio, sin embargo, decidió como estrategia publicitar, a partir de filtraciones, cada cateo, interrogatorio o aseguramiento de propiedades que realizaba.
Los avances fueron limitados durante dos meses. Por ahora cuatro personas sometidas a juicio y otras cuatro bajo arraigo.
Los jóvenes fueron secuestrados la mañana del domingo 26 de mayo. Las presiones de los familiares, que se manifestaron en el l Eje 1 Norte, desde el cruce de Reforma hasta avenida del Trabajo, en el Barrio de Tepito, obligaron a las autoridades a iniciar el expediente y a pesar de que la Fiscalía Antisecuestros de la PGJDF atrajo el caso, el procurador local, Rodolfo Ríos Garza, insistía en que no era un plagio.
Durante los días siguientes, la PGJDF tuvo que hacerse cargo de las pesquisas, detuvo a personas sospechosas, se reunió varias veces con las víctimas y siguió pistas de los cuerpos que no dieron resultados positivos.
Atracción de PGR
Las familias de las víctimas, entonces, pidieron a la PGR atraer el caso, pero los funcionarios se negaron y dijeron que sólo serían un apoyo para la PGJDF. Pero al final fue esa dependencia la que descubrió los cuerpos la semana pasada en una fosa clandestina en Tlalmanalco, en medio de información confusa y ambigua, pero se volvió a lavar las manos, aduciendo que su papel era de apoyo a las autoridades capitalinas.
El hallazgo de los cuerpos evidenció la falta de coordinación entre ambas procuradurías, incluso deslizó la imagen de que ni siquiera existía confianza entre ambas instituciones.
La muestra más clara fue que prácticamente una semana después de la localización de los cadáveres, la procuraduría capitalina no tenía conocimiento formal de cómo la PGR los encontró, ni siquiera de los resultados de la necropsia o del ADN, mucho menos los investigadores del Distrito Federal fueron notificados de la liberación de los cuidadores del rancho que alertaron de la existencia de la fosa.
Al parecer las suspicacias se dieron cuando los agentes federales notificaron a sus similares de la ciudad sobre la fosa y estos filtraron la información a los medios, lo que generó una mala imagen que se tradujo en desconfianza.
El titular de la PGJDF se apresuró a decir que el hallazgo se hizo como parte de la “coordinación” con la PGR y siguiendo varias líneas de investigación del caso. Pero el mismo día por la tarde, en un comunicado de prensa, la PGR precisó que la fosa se encontró de forma fortuita, cuando se realizó un cateo en un predio por un caso distinto. “Solo después de que se aseguró la fosa se dio aviso a la PGJDF de lo que se había encontrado, pero ellos hicieron público el asunto cuando aún no podíamos confirmar la identidad”, indicaron autoridades de PGR.
Las muertes
La falta de coordinación impidió conocer, hasta ahora, cómo realizó el hallazgo de las víctimas, con qué pruebas de ADN compararon las muestras de los cuerpos, porqué estaban tan seguros los investigadores federales que se trataban de los desaparecidos del Heaven y por ello convocaron a la Procuraduría capitalina y no a la del estado de México, que debía conocer del caso por ser el homicidio un delito del fuero común.
El lunes el procurador capitalino informó que la indagatoria sobre la fosa, el aclarar cómo llegaron los cuerpos ahí y el motivo de las muertes, le correspondía a la PGR, aun cuando reconoció que el asunto del bar Heaven seguía en manos de la PGJDF. Pero el procurador Jesús Murillo Karam, el mismo día lo volvió a contradecir al declarar públicamente que toda esa información le correspondía a la autoridad del Distrito Federal.
Los “no detenidos”
El jueves de la semana pasada el procurador del DF dijo que la PGR tenía dos personas en calidad de detenidas y esperaba que pudieran interrogarlos. Pero más tarde Murillo Karam contradijo de nuevo al investigador capitalino, cuando negó que hubiera sujetos con esa calidad legal, porque sólo eran presentados y, por ello, los dejaron en libertad bajo reservas, pero sin que hubiera una petición de autoridades del DF para declararlos.
Analiza juez amparo
La solicitud que hicieron familiares de los jóvenes asesinados del caso Heaven, para que la Procuraduría General de la República tome el caso, fue admitida por un Juez de Distrito que analizará el posible amparo.
Si se concede, se podrá establecer que detrás del plagio y homicidio de los 13 jóvenes está el crimen organizado, hecho que el Gobierno del Distrito Federal ha negado en reiteradas ocasiones.
El juicio de garantías 753/2013 fue presentado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien los emplazó para el próximo jueves 29 de agosto para la primera audiencia para el desahogo de pruebas.
Ante la dilación en los resultados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y la falta de credibilidad en las pesquisas, familiares de las víctimas apelaron al Poder Judicial Federal para que la PGR atraiga el caso.