A poco más de cuatro años del incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación será reabierta para fincar o deslindar responsabilidades por la muerte de 49 niños al ex director del IMSS, el panista Juan Molinar Horcasitas, y al ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours.
Esto, después de que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Hermosillo, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso y con ello establecer el grado de responsabilidad de los ex servidores públicos involucrados en el caso.
El juzgador declaró insubsistente la resolución del 20 de junio del 2009, que desechó el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos. En su segundo resolutivo, la sentencia de amparo establece la protección para Mayra Valle, Juana Luna Hernández y Emma Valdez Benítez.
Se espera que en breve cause ejecutoria la resolución y sean citados a declarar las partes involucradas en los hechos del 5 de junio de 2009, cuando 49 niños perdieron la vida y 70 más resultaron lesionados.
DILIGENCIAS DE LA PGR
A mediados de julio pasado, la PGR informó que más de 50 diligencias se habían realizado como parte de una nueva línea de investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada por el Grupo “Manos Unidas por Nuestros Niños”.
Las diligencias practicadas hasta esa fecha incluyen la toma de declaraciones ministeriales a diversas personas en calidad de testigo, la aceptación de la solicitud de personas que quieren coadyuvar en la investigación porque fueron testigos oculares del hecho.
Según el informe de la dependencia, recibió información del sistema financiero y se atrajo el homicidio de Carlos López, empleado de Juan Carlos Lam Félix, secretario técnico del exgobernador Eduardo Bours, quien fue encontrado muerto nueve días después del incendio en la guardería.
Un mes y medio antes, en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la tragedia, la PGR ofreció revisar el trabajo de investigación que se realizó desde 2009, esto a petición de la misma organización civil “Manos Unidas por Nuestros Niños” y con la anuencia del procurador Jesús Murillo.
La ONG presentó en mayo la solicitud ante la subprocuraduría de Control Regional, Procedimiento y Amparo, bajo el argumento de que existen líneas de investigación que no se agotaron en el caso, entre ellas la posibilidad de que el incendio fuera provocado en una oficina contigua a la de la guardería.
La PGR valoró que sólo en el escenario de que se detectara una actuación irregular o negligente de los funcionarios que participaron en el caso se ordenaría una reapertura de las diligencias practicadas asentadas en el expediente, e incluso eventuales procesos en contra de servidores públicos que hubieran incurrido en una responsabilidad.
Las fuentes consultadas descartaron en aquel momento, con la evidencia asentada en el expediente, que se pudiera proceder en contra de altos funcionarios federales y estatales. Esto, debido a que el 16 de junio de 2010 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no eran imputables por este asunto.
Por ahora, la investigación realizada por la Procuraduría sólo ha permitido proceder en contra de 29 personas, la mayoría de ellos mandos medios y bajos, por delitos que les permitieron alcanzar la libertad bajo fianza.
La única que permanece en prisión es Delia Irene Botello Amante, excoordinadora zonal de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).