La Procuraduría General de la República (PGR) debe entregar una versión pública de los documentos que acrediten la repatriación de restos de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, ordenó el IFAI.

 

La dependencia deberá hacer lo mismo en respecto a los cadáveres hallados en fosas clandestinas en el poblado referido en abril de 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

 

En sesión el organismo resolvió revocar la respuesta de clasificación de reserva para los casos de Tamaulipas y de inexistencia para el de Nuevo León que la PGR dio a la solicitud de un particular.

 

Señaló que por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la PGR manifestó que la información sobre los casos de San Fernando está reservada, con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que la misma obra en una averiguación previa.

 

Agregó que su difusión causaría un daño presente, porque menoscabaría las acciones contra la delincuencia organizada; probable, porque disminuiría la eficacia de las acciones y las estrategias establecidas.

 

Además, argumentó en su respuesta, obstaculizaría las acciones de inteligencia y permitiría que grupos delictivos estén en posibilidad de contrarrestarlas, comprometiendo la seguridad pública.

 

El Instituto estableció que el sujeto obligado deberá buscar y entregar a la particular versión pública de las actas u oficios que den cuenta de la repatriación de los restos de migrantes, hallados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y de los ubicados en las 49 fosas clandestinas del mismo poblado, en 2011.

 

En la versión pública, se tendrá que omitir el nombre de las personas fallecidas y de los familiares de éstas, el perfil genético y aquella información que permita identificar a las víctimas de manera plena, como fotografías.

 

Sobre el caso de Cadereyta, Nuevo León, la PGR indicó que no cuenta con información, por lo que el IFAI consideró que no se realizó una búsqueda exhaustiva y le instruyó realizar una nueva, y en caso de no localizar algún documento, deberá declarar formalmente su inexistencia. (Notimex)