La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó de último momento la discusión del amparo que promovió un particular en Guanajuato, que impugnó la omisión de la Procuraduría para investigar la presunta corrupción del ex gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, en las obras del Parque Guanajuato Bicentenario y para el proyecto del tren ligero de Celaya a León.
“El estudio que al efecto se realice puede determinar, en un momento dado, si los ciudadanos de alguna entidad federativa tienen interés legítimo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la investigación al Poder Ejecutivo Estatal por posibles actos de corrupción”, argumentó la Corte.
A petición del ministro José Ramón Cossío Díaz, la dilución sobre los presuntos actos cometidos por el ex gobernador Oliva Ramírez continúa en listas en una fecha próxima para su nueva discusión.
El acto reclamado por el abogado José Roberto Saucedo Pimentel era que “la omisión de la Procuraduría del Estado) de investigar oficiosamente hechos que pueden constituir diversos ilícitos penales previstos en el código penal para el estado de Guanajuato, en relación con la compra de terrenos para la fallida construcción y puesta en operación de un tren interurbano”.
La facultada de atracción de la Corte se dio luego que el abogado apeló al máximo tribunal, después que su petición de amparo fue desechada en primera instancia por el Juez Segundo de Distrito con sede en Guanajuato, quien consideró que el quejoso carecía de interés legítimo para inconformarse contra la Procuraduría General de Justicia del Estado.
De acuerdo con los argumentos legales presentados, el Parque Guanajuato Bicentenario, enclavado en las faldas del Cerro del Cubilete, tuvo un costo de mil 100 millones de pesos; sin embargo, no ha se cumplió con el proyecto inicial, ya que el predio ha sido rentado para fiestas y eventos particulares.
Con estas medidas se pretendía recuperar parte de los 63 millones de pesos anuales que cuesta el mantenimiento de la obra proyectada como parte de los festejos del 200 aniversario de la Independencia de México.
Mientras tanto, para la construcción del tren interurbano Celaya-León, se autorizó la compra de los terrenos para el derecho de vía cuando la empresa que tenía concesionado la obra desapareció en 2009, aunque cabe mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el actual gobierno estatal han anunciado su intención de revivir el proyecto.
El pasado 10 de enero, el abogado Saucedo Pimentel solicitó la intervención de la Corte para resolver su petición de amparo ante la posibilidad de fijar criterios jurídicos relevantes sobre el concepto de interés legítimo en el juicio de amparo, previsto en la Constitución desde junio de 2011.
Dicho concepto permite que las personas pueden promover amparos incluso contra actos u omisiones de las autoridades que no necesariamente les causen un daño personal y directo, como podría ser el caso de Saucedo ante la inactividad de la PGJEG para investigar al ex Gobernador Juan Manuel Oliva.