La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer, por 10 votos a favor y uno en contra, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, y se deben aplicar en todo el país.

 

Sin embargo, si alguno de los tratados internacionales contraviene alguno de los principios de la Carta Magna y la soberanía nacional, prevalecerá la Constitución.

 

Con esta excepción definida por los ministros en su resolución de este martes, el arraigo, la aplicación de la extinción de dominio y la prisión preventiva, por ejemplo, seguirán aplicándose aunque los tratados no lo permitan y seguirán vigentes en México hasta que se legisle al respecto y se hagan las precisiones constitucionales pertinentes.

 

“Se establece en jurisprudencia obligatoria, por primera vez en nuestro país, que los derechos humanos tienen rango constitucional, esto no es un logro menor, es un avance muy trascendente, que a algunos de nosotros nos hubiera gustado ir más allá, sí, como a otros les hubiera gustado que quedara el tema de la jerarquía de la Constitución sobre los tratados”, afirmó el ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

 

El ministro, José Ramón Cossío, ratificó su rechazo total al proyecto, por considerar que es un retroceso sobre el avance que se tuvo por el caso del activista Rosendo Radilla.

 

“No es posible subordinar las convicciones personales a los criterios de mayoría”, afirmó Cossío.

 

Con base al principio pro persona (pro homine), se aplicará la norma, ya sea constitucional o internacional en materia de derechos humanos, que favorezca más a la persona. Dichas normas y criterios deberán ser aplicados y adecuados  por todos los jueces, magistrados y tribunales del país.

 

“…la modificación del proyecto en la cual se conserva el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero se establece también que cuando hay una restricción expresa en la Constitución, se tendrá que estar a lo que marca la norma constitucional”, sostiene el punto nodal del proyecto modificado, y aprobado de Zaldívar.