Aunque exista la sospecha y angustia de que nadie nos confirme nada, ninguno de los familiares ha aceptado que son sus familiares, aseguró Leticia Ponce, madre de Jerzy Ortiz, uno de los 12 jóvenes secuestrados el pasado 26 de mayo en el bar Heaven After de la Zona Rosa, sobre la identificación de los cadáveres hallados en una fosa en Tlalmanalco, Estado de México.

 

“Hasta ahorita ningún familiar ha identificado que sea su familiar. Existe la probabilidad, pero eso lo vamos a confirmar hasta que se hagan todos los peritajes”, subrayó.

 

En entrevista con 24 HORAS, la esposa de Jorge Ortiz alias El Tanque, aseveró que ninguna de la dos procuradurías -PGR y PGJDF- les han informado (a los familiares) nada sobre que autoridad tiene en su poder los cuerpos hallados el pasado 22 de julio.

 

Así como tampoco tienen conocimiento de los informes sobre el proceso de identificación de los mismos.

 

“La PGR tiene que hacer un peritaje, la del DF (PGJDF) otro, y otro externo, pero ni siquiera sabemos quién los tiene”. Referente al costo de los exámenes de identificación, la señora Ponce refirió que deberían ser las autoridades quienes se encarguen de eso.

 

Además reiteró que ninguna autoridad le ha tomado muestras de ADN a su esposo, quien está preso en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, cumpliendo una condena por delitos contra la salud y extorsión.

 

Este lunes, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, aseguró que la dependencia a su cargo se coordina con la federal en la identificación de los cadáveres.

 

“Seguimos en coordinación con la PGR en el tema de la identificación de los cuerpos hasta que no se tenga la plena identificación de los mismos y que se relacionan con el tema, es que nosotros podríamos tener conocimiento y podrían ser entregados a la Procuraduría, para en su momento hacerlo a los familiares”, sostuvo.

 

Sobre el costo del peritaje, el fiscal señaló que “evidentemente” aún no hay nada. “Todavía no tenemos, incluso, quiénes van a ser los peritos, que lo vayan a realizar”, agregó.

 

Una vez corroborada la identificación de los cadáveres hallados, el funcionario señaló, se ampliaría la acción penal de los consignados por el caso, y podrían alcanzar una pena de hasta 70 años por “la variante de la hipótesis de privar de la vida”

 

“Esto puede variar, obviamente dependiendo la responsabilidad de cada uno, las pruebas que se aporten en el proceso y evidentemente la decisión final del Juez”.