La organización internacional Amnistía Internacional consideró que el primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, es muy decepcionante en materia de derechos humanos.
Para la agrupación civil, el discurso del Presidente y el Informe parecen confirmar la falta de prioridad del gobierno hacia temas urgentes de derechos humanos que afectan a millones de personas en México. Es preocupante que en más de 800 páginas hay muy pocas evidencias de acciones concretas y decisivas de la administración federal al respecto, señaló.
Como ejemplo, mencionó que no hay medidas reales para erradicar la violencia contra las mujeres, para terminar con los abusos cometidos contra migrantes en tránsito por México, para resolver la crisis de las miles de personas desaparecidas y para acabar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos.
El 30 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Daniel Zapico, se refirió al informe presentado en mayo por el gobierno federal y que aporta una lista de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas, secuestradas o no localizadas entre 2006 y 2012.
En este caso citó el caso de las cuatro personas detenidas y desaparecidas en Nuevo Laredo, entre el 29 de julio y el 3 de agosto, al parecer por miembros de la Marina mexicana.
La Procuraduría General de la República (PGR) oficializó en junio la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin embargo, activistas de organizaciones de derechos humanos consideran que pocos elementos y recursos humanos los asignados para un problema tan grande.
Respecto al tema de la tortura, en el comunicado de AI emitido la víspera Zapico señaló que a pesar del fuerte aumento en las denuncias de tortura y otros malos tratos en los últimos años, el Informe presidencial no hace mención alguna de acciones para erradicar la práctica de la tortura.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado a México por incumplir las 72 recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
A finales de mayo, después de realizar una visita a México, a seis meses de las observaciones, la directora de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Andrea Meraz, y Anne Boucher, de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura de Francia (ACAT-F) señalaron que el Estado mexicano no toma medidas para acatar las indicaciones de los expertos de la ONU.
En esa fecha, las activistas anunciaron que en noviembre presentarán al CAT un informe paralelo al que el Estado mexicano está obligado a entregar como parte del seguimiento de las recomendaciones emitidas en diciembre pasado.
VEN PANORAMA DESOLADOR
“México se enfrenta a graves problemas de derechos humanos. Sin embargo, al leer este informe parecería tratarse otro país, donde estos problemas son marginales o no existen y por lo tanto no hay necesidad de invertir los recursos del Estado y abordarlos con seriedad”, aseguró Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.
Agregó que “si este informe es un reflejo fidedigno de las acciones tomadas y las que va a realizar la actual administración, nos enfrentamos a un panorama desolador”.
Las actividades enumeradas en el informe, pero sin mostrar resultados concretos, son indicios de un gobierno que no parece tener conciencia de los problemas que enfrenta, ni estrategia ni voluntad para implementar las políticas de derechos humanos necesarias.
La administración del presidente Calderón se caracterizó por negar o minimizar la magnitud de las graves violaciones a los derechos humanos en México. Está ahora en las manos del presidente Peña Nieto tomar acciones efectivas y así demostrar que no seguirá el mismo camino que su antecesor, subrayó AI.
En proceso de elaboración el programa de derechos humanos
De acuerdo con el informe presidencial, apenas el 27 de mayo pasado iniciaron los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018.
Según señala, el proyecto final contendrá mecanismos de medición de resultados, en apego a los estándares y recomendaciones internacionales, y tendrá un carácter integral y transversal, al incidir en todos los programas sectoriales y especiales de la Administración Pública Federal.
En este marco, indicó que se creará la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos para coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias y entidades públicas.
La Comisión estará integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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