Todos los senadores, aun los opositores, llegaron a su sede con una certidumbre: la Ley del Servicio Profesional Docente sería aprobada. Ni los maestros que cercaron el Senado de la República impidieron un día normal de sesiones. Salvo la caminada extra para ingresar, la decisión estaba tomada.
A diferencia de asedios anteriores, los legisladores arribaron sin ser molestados por los manifestantes y, cerca de su sede, ofrecían entrevistas con naturalidad. A media calle vaticinaban el resultado de la esperada sesión, daban sus personales opiniones y los bloques a favor y en contra eran espejo de la votación dominical en la Cámara de Diputados.
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) era el único fracturado, fruto de sus corrientes internas, de los afines al Pacto por México y sus 95 compormisos y de los contrarios de entendimiento con el gobierno y las demás fuerzas políticas. Así fueron a comisiones y al pleno.
La sesión comenzó a las 11 de la mañana y se desarrolló con asuntos de intrascendencia. Receso para la comida y reanudación a las 18:00 horas. Tiempo exacto para que las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos aprobaran la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Pasó al pleno contra la oposición de algunos de izquierda.
A las 18:12 Raúl Cervantes, presidente de la Mesa Directiva sonó la campana. La minuta estaba lista y pasaría como la remitió San Lázaro. “¡No hay ni quórum, señor presidente!. Seamos más escrupulosos”, arremetió el perredista Benjamín Robles Montoya. Cervantes callo: “Somos escrupulosos y lo seguiremos siendo”.
Los perredistas en sus escaños se vieron resignados, hasta contentos, tranquilos y entre risas. Se dispensó la primera y segunda lectura del dictamen y se pasó a los posicionamientos de los partidos.
El primero, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, habló en favor de la evaluación a los maestros, aunque pocos le pusieron atención. Martha Elena García y Sonia Mendoza, del PAN, se tomaron la foto del recuerdo: el fotógrafo, su compañero de bancada, Fernando Torres Graciano. Y el presidente lo notó y pidió atención al orador.
Continuó Graciela Ortiz, la senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Tomó la palabra y defendió la ley de la discordia. “Habrá de impedir prácticas perniciosas y establece un espíritu de superación de aquellos maestro, de los buenos maestros”. La senadora sabía que su discurso tenía que adelantar un resultado. “Felicito a todos mis compañeros porque esta ley sea aprobada”.
Después Manuel Bartlett, quien como priista fue secretario de Educación con Carlos Salinas, habló como petista: “Ni (Augusto) Pinochet legislaba tan rápido, no permiten la discusión”, e intentó centrar el debate en una reflexión: la reforma es de carácter laboral, no educativa.
Siguieron el senador del Partido Verde, Gerardo Flores; Luis María Calderón, y por supuesto, la postura del PRD. El ex dirigente magisterial y perredista Raúl Morón Orozco hizo uso de la palabra para arremeter contra la Ley. Alzó el tono de voz, pero pareció como si supiera que su grito y su dureza no iban a tener resultados.
El debate continuó, entre perredistas que fiel a su estilo alzaban la voz con argumentos que a su juicio son razonables; pasó la hija de Elba Esther Gordillo, la Senadora Mónica Arriola, quien con un discurso lleno de conceptos y metáforas, aseguró que su voto sería en favor de la Ley, sin embargo destacó que más que una reforma educativa, es una reforma laboral.
Así, los senadores aprobaron por mayoría la Ley del Servicio Profesional Docente, aunque la discusión sobre los artículos reservados se extendió hasta la madrugada de hoy.
Panistas piden que se investigue financiamiento
Los senadores del PAN exhortaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que identifique la o las fuentes de financiamiento de la CNTE para el sostenimiento del contingente que mantiene distintos bloqueos viales en esta ciudad.
Hace una semana, el PRI en la Cámara Alta, también pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que fuera al fondo de este asunto, por lo que ahora se suma el PAN.
En el texto se llama también a la Segob a informar al Senado el resultado de dicha investigación y, en su caso, inicie los procedimientos legales que de oficio deben perseguirse por la probable comisión de actos ilícitos de servidores públicos e integrantes de esa organización magisterial.
El punto de acuerdo firmado por los senadores panistas Mariana Gómez del Campo, Adriana Dávila y Jorge Luis Lavalle expone un recuento pormenorizado de los bloqueos de maestros disidentes.
Estaba previsto que el punto se expusiera ayer, pero no se presentó y se espera que el jueves se suba al pleno.
Gómez del Campo detalló que con base en recuentos periodísticos se calcula que la estancia de cada manifestante asciende a 500 pesos al día, que multiplicados por 20 mil integrantes de la CNTE) resulta la cantidad de 10 millones de pesos diarios.