El uso de la fuerza por parte del Estado debe ser la última opción, y para que ésta sea efectiva debe contar con el respaldo de la sociedad. Los bloqueos de la CNTE, apoyada por grupos extremos y movimientos anarquistas, han irritado a la sociedad, mas no lo suficiente para justificar la intervención del Estado.

 

El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido prudente al no dispersar las manifestaciones. Su error, o más bien el de sus subordinados, fue el no poder contener las manifestaciones en un inicio. Sin embargo, el actuar con la cabeza fría en estos instantes ha sido un acierto. Por su parte, el Dr. Mondragón y Kalb y la Policía Federal también han mantenido la prudencia al resguardar las instalaciones estratégicas y que éstas no hayan sufrido daños y sólo se haya interrumpido el servicio un par de horas.

 

A pesar de que muchos maestros ya regresaron a sus estados, paradójicamente esto representa un riesgo mayor, ya que los integrantes de la CNTE que se han quedado son más radicales y a su vez se han sumado a otros movimientos que están en contra de las reformas. Esta mezcla de grupos anarquistas y frentes sociales de grupos subversivos representa un mayor riesgo por las siguientes razones: En primer lugar, su motivación es ideológica y no política, lo cual elimina cualquier esquema de negociación, dificultando una salida pacífica y sin violencia. En segundo lugar son grupos más cohesionados que tienen una estructura piramidal distribuida en células que sólo obedecen órdenes, ya sea aventar bombas, atacar negocios o crear enfrentamientos. Esto elimina cualquier posibilidad de diálogo. Y en tercer lugar, varios de estos grupos usan estos eventos como ritos de iniciación para probar la lealtad de alguno de sus miembros instándolo a cometer actos violentos.

 

Como mencionamos anteriormente, un elemento importante para justificar la intervención de la fuerza pública es el respaldo de la sociedad y que éste no se revierta. Por ello es importante que la fuerza pública actúe de manera impecable y respete los derechos humanos. Tenemos casos como el de Atenco, en el que a pesar de que se justificaba la intervención de la policía, el resultado se revirtió por una mala operación. Por otro lado, tenemos la intervención de la Policía Federal en 1999 en Ciudad Universitaria, que fue un evento sin trascendencia. Cabe mencionar que el movimiento del CGH, con bloqueos y alteraciones a la vida cotidiana de la Ciudad de México, duró cerca de nueve meses.

 

Los grupos que hoy se enfrentan contra las reformas, son una mezcla que puede ser muy peligrosa y explosiva, ya que su objetivo no es negociar. Es muy probable que quieran hacer del DF su principal zona de batalla en estos meses, porque no van a ceder en el corto plazo. Pero no hay que olvidar que movimientos como el EPR y sus escisiones también han preferido actuar contra “blancos suaves” en otras partes del territorio. Un blanco suave es aquel que con una mínima inversión crea un impacto mediático alto. Recordemos el caso de la explosión de ductos en Pemex por el EPR. No debemos de descartar la repetición de una operación de esta índole, ya que después de dos atentados, el gobierno de Felipe Calderón decidió negociar con el EPR.