Conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente, los 41 mil 522 profesores que laboran en alguna comisión sindical, cargo o licencia fuera de las aulas dejarán de cobrar su sueldo como profesores, tal es el caso de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
Así lo reconoce el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en un documento distribuido entre los docentes en el que da respuesta a las dudas sobre los alcances de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa.
A la pregunta “¿qué va a pasar con los comisionados?”, una de las más comunes entre el gremio, la dirigencia responde: “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de suelo, mientras dure el empleo, cargo o comisión.
La respuesta hace referencia a lo planteado en el artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente, promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, y que limitará el pago a los maestros que hayan dejado sus funciones al frente del aula.
De acuerdo con el informe de comisionados del cuarto trimestre de 2012 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los más de 41 mil docentes significaron un costo al erario de mil 542 millones sin que desempeñaran alguna actividad académica.
De ellos, 16 mil 608 empleados, (equivalentes a 40% del total) trabajan en una comisión del SNTE, y cobran hasta dos o tres plazas.
Entre ellos está la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, cuyo sueldo es de 157 mil pesos mensuales como profesora en una escuela primaria del Estado de México y que aparece como comisionada a la presidencia nacional del CEN del SNTE, según el reporte de la SEP.
En el informe también figuran Maricruz Montelongo Gordillo, hija mayor de la maestra, quien percibe un sueldo de 142 mil pesos mensuales distribuidos en dos plazas. Así como el ex esposo de Gordillo Morales, Francisco Arriola, cuyo sueldo es de 102 mil pesos mensuales.
Incluso el ahora presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, aparece en el listado como maestro comisionado al sindicato con un sueldo de más de 100 mil pesos al mes.
La mayoría de los profesores que trabajan en actividades del sindicato ganan en promedio nueve mil 438 pesos, pero hay estados o personal que tiene un sueldo superior, que puede alcanzar los 80 mil pesos distribuidas en cinco plazas distintas.
El informe Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que existen 666 docentes que trabajan bajo el esquema de personal comisionado en centros de trabajo en otras dependencias, pero que no tienen relación con la educación.
En el ámbito legislativo, el sindicato magisterial también está representado. El SNTE tiene nueve diputados repartidos en las distintas fracciones de la Cámara de Diputados: seis en el Partido Nueva Alianza, dos en el PRI y uno más en el Verde Ecologista. Además, un legislador pertenece a la sección 22 de la disidencia magisterial de Oaxaca.
Maestros podrán impugnar resultado de evaluación
Los maestros podrán impugnar los resultados de la nueva evaluación, según lo establece el SNTE.
“La Ley prevé un recurso de impugnación que se interpondrá ante la autoridad que le comunique el resultado de la evalución”, respondió el sindicato a una de las preguntas planteadas por sus agremiados.
Además, establece como un logro sindical que los resultados de la evaluación no sean exhibidos públicamente. “En el SNTE logramos que la información que se genere por la aplicación de la presente Ley quedara sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública transparencia y protección de datos personales”.
Sin embargo, la duda más común entre los profesores es: ¿Me van a correr, sí o no? Y la respuesta del SNTE es: “No, porque haremos respetar los derechos adquiridos, mientras el profesor cumpla con las evaluaciones y los cursos de capacitación y actualización”.
Otra pregunta frecuente es respecto al maestro en servicio que no apruebe las evaluaciones, a la cual el sindicato respondió con la garantía de que no serán separados de la función pública, pero será readscrito para realizar otras tareas dentro del servicio docente.