En México se requiere diseñar un nuevo esquema de cuotas de derechos para el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales, basado en la clasificación de zonas de disponibilidad hídrica, de acuerdo con el documento Criterios generales de Política Económica 2014, que acompaña la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo.
La propuesta, expresa el documento, tiene la finalidad de fijar niveles de cuotas que incentiven el uso eficiente del recurso, así como la recaudación de mil 500 millones de pesos anuales por este concepto.
La iniciativa propone incluir en la Ley Federal de Derechos (LFD) una nueva metodología para la clasificación de las zonas de disponibilidad por tipo de fuente de extracción de agua subterránea y superficial, y clasificar al país por cuenca y acuífero de acuerdo con la disponibilidad real del agua, “lo que permitirá administrarla y asignarla eficientemente para garantizar el derecho humano al agua”.
El documento subraya que la metodología actual de clasificación de zonas de disponibilidad de agua no se actualiza desde 1979, por lo que no refleja la situación real del país, ya que 78% de los municipios no está clasificado de acuerdo a la disponibilidad real del líquido.
Con la implementación de dicho sistema se permitirá, entre otras cosas, asignar el agua mediante pagos que reflejan la situación actual hídrica, reflejar el valor económico del agua, regular la demanda de agua en función de su disponibilidad y desincentivar la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos.
REGULACIÓN EN CONSECIONES DE TRASVASE
Otra de las propuestas que resaltan en materia hídrica es la de definir un marco regulatorio para el trasvase de aguas nacionales, el cual implica realizar obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas, asignarlas, usarlas, aprovecharlas y explotarlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
Según la iniciativa, en la actualidad México no cuenta con instrumentos económicos y jurídicos que regulen los trasvases, los cuales presentan implicaciones económicas, sociales y ambientales que impactan en la gestión del recurso hídrico.
Por ende, la implementación de un sistema recaudatorio en las concesiones del servicio de aguas convergería en el consumo racional del agua, añade el documento, debido a que la cuota resultante sería una señal de valoración económica de los recursos hídricos al internalizar los factores ecológicos, sociales y administrativos.
“El que contamina paga”
Con la propuesta de modernización de derechos de aguas, el gobierno pretende recaudar cuatro mil 500 millones de pesos al año por concepto de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes del dominio público de la nación.
Bajo la aplicación de la política “el que contamina paga”, se busca reformar la Ley Federal de Derechos correspondiente al Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales, para establecer cuotas de acuerdo con estimaciones de contaminación que correspondan a las descargas y la clasificación del cuerpo receptor.
La iniciativa señala que en la actualidad la falta de inspección y medición tanto de volúmenes como de la calidad del agua descargada no permite garantizar que los usuarios de este derecho declaren de acuerdo con la realidad de su descarga, por lo que no se han logrado alcanzar los objetivos de incidir en la reducción de los niveles de contaminación de los cuerpos de agua, así como tampoco se ha generado un impacto recaudatorio representativo por el cobro de la citada contribución.
DATOS
Mil 500 millones de pesos al año recaudaría el gobierno federal por concepto de impuestos al agua con un nuevo esquema de cuotas
78% de los municipios en el país no está clasificado de acuerdo a la disponibilidad real de recurso hídrico que tienen
4 mil 500 millones de pesos anuales pueden recaudarse por concepto de descarga de aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes de la nación