La Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) continúa sin acatar, después de un mes, la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que lleve a cabo los estudios de impacto ambiental en torno al Acueducto Independencia y poder resolver el amparo iniciado por el pueblo yaqui.
Ante la negativa de la dependencia federal, el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Hermosillo, le ha enviado dos apercibimientos para que efectúe el estudio y se consulte a la comunidad yaqui.
Como parte de la resolución de la Corte fue declarada insubsistente la primera resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero del 2011.
La SCJN falló a favor de los indígenas al resolver el amparo en revisión 631/2012, y cuyo resultado podría generar la suspensión definitiva del Acueducto Independencia, de confirmarse los daños a las comunidades naturales de Sonora, concentradas en ocho pueblos.
Mario Luna Romero, secretario del Gobierno Tradicional de Vícam, en Sonora, informó que ya están preparados para aplicar la consulta entre los “gobernadores” de cada pueblo, quienes hablarán en representación de los indígenas concentrados en cada una de las comunidades.
Sin embargo, la Semarnat no ha hecho hasta el momento las respectivas convocatorias para proceder a la consulta de los pueblos que concentran a más de 40 mil indígenas yaquis de la región de Sonora.
Como respuesta a los dos apercibimientos, la Semarnat solicitó al juzgado dos prórrogas; sin embargo, ya se vencieron los plazos y cumplió en tiempo y forma.
No obstante, Luna Romero reconoció que el próximo miércoles habrá una reunión entre diversas dependencias involucradas en el caso, para intentar dar salida y cumplir con el ordenamiento judicial, además que se pretende establecer las bases para la consulta entre la comunidad indígena.
En la sesión del pasado siete de agosto, como se recordará, la Primera Sala de la SCJN ordenó que se realice una nueva consulta entre los ocho pueblos Yaquis de Sonora, sobre el impacto ambiental y las consecuencias sociales y económicas de la operación del Acueducto Independencia, y en su caso, decretar la suspensión definitiva de la obra.
“Una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre alguna afectación a los derechos de la comunidad indígena, la autoridad deberá tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia…,para resarcir o aminorar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad quejosa por la operación del Acueducto Independencia, pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo”, aclaró la SCJN.
Pese a esta orden emitida por el máximo tribunal del país, no se suspendieron los trabajos y el funcionamiento del Acueducto Independencia, que lleva agua a Hermosillo desde los ríos que cruzan las comunidades yaquis.