WASHINGTON. J.P. Morgan Chase debe pagar 920 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y de Reino Unido por haber ocultado la gravedad de las pérdidas masivas ligadas a las transacciones de un operador conocido como “la ballena de Londres”.

 

El mayor banco de Estados Unidos, que fue considerado un modelo de buena gestión durante la crisis financiera, tendrá que pagar esa multa, una de las mayores del sector, tras reconocer que violó las leyes sobre transacciones, cometió errores en sus controles internos y engañó a los reguladores, con relación a ese caso.

 

Los problemas se produjeron en 2012 por las operaciones de la CIO, la unidad de J.P. Morgan en Londres que se dedica a minimizar los riesgos del mercado y a invertir los excesos de fondos del banco.

 

Las transacciones de uno de sus operadores, Bruno Iskill, conocido como “la ballena de Londres”, por sus transacciones abultadas capaces de sacudir mercados, provocaron unas pérdidas de seis millones de dólares, que los directivos trataron de ocultar.

 

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) estadounidense había acusado a J.P. Morgan de declaración incorrecta de los resultados financieros y de ausencia de controles internos eficaces para impedir que sus agentes sobrevaloraran las inversiones para ocultar las pérdidas.

 

La SEC informó ayer de que J.P. Morgan -con activos valorados en 2.4 billones de dólares en todo el mundo- admitió que cometió errores en sus controles internos que privaron a la junta directiva del conocimiento de lo que hacían sus agentes de corretaje.

 

La suma combinada que JPMorgan paga a tres reguladores estadounidenses y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido representa una de las mayores multas impuestas jamás a una institución financiera.

 

La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos multó al banco con 200 millones de dólares y exigió una admisión de culpa. La Junta de la Reserva Federal impuso otra multa por 200 millones, mientras la Oficina del Contralor de Divisas lo multó con 300 millones. El regulador financiero británico impuso su propia de 220 millones.

 

El Departamento de Justicia sigue investigando el banco por posibles trasgresiones penales.

 

J.P. Morgan, con sede en Nueva York, calificó los acuerdos como un paso importante en sus esfuerzos por solucionar sus problemas legales. El banco dijo que cooperaba plenamente con todas las investigaciones y que seguía colaborando con el Departamento de Justicia en el juicio penal a los dos corredores involucrados.

 

“Hemos aceptado responsabilidad y admitimos nuestros errores desde el comienzo, y hemos aprendido de ellos y trabajado para solucionarlos”, afirmó en una declaración el director general del banco, Jamie Dimon. “Seguiremos esforzándonos para ser considerados el mejor banco, no solo por nuestros accionistas y clientes, sino también por nuestros reguladores”.

 

La pérdida que afloró en abril del 2012 conmovió el mundo financiero y perjudicó la reputación del banco. J.P. Morgan era una de las pocas instituciones financieras que sobrevivieron la crisis financiera del 2008 sin padecer mayores pérdidas.

 

Dimon había desestimado inicialmente los informes sobre las pérdidas como “una tormenta en una taza de té”, pero más adelante admitió al Congreso que el banco no había ejercido una supervisión correcta. También él mismo se rebajó su salario.

 

El acuerdo se produce días después del quinto aniversario de la crisis. La fuerte pérdida de J.P. Morgan renovó las preocupaciones sobre los grandes riesgos tomados por los bancos de Wall Street y planteó interrogantes acerca de si la industria financiera había aprendido las lecciones de la crisis.

 

Tres empleados fueron despedidos de la oficina de Londres: dos gerentes y un corredor. El episodio también condujo a la renuncia de Ina Drew, ex jefe de inversiones de JPMorgan.

 

Los fiscales federales en Nueva York interpusieron cargos penales el mes pasado contra Javier Martín Artajo y Julien Grout. Artajo supervisaba la estrategia de corretaje del banco en Londres y Grout, su subordinado, estaba a cargo de registrar el valor diario de las inversiones. Fueron acusados de falsificar registros contables, cometer fraude postal y falsificar informes a la Comisión de Valores y Cambios. También fueron acusados por separado en una denuncia civil.

 

Los dos corredores, por medio de sus abogados, negaron haber cometido irregularidades.