La propuesta del Ejecutivo federal en materia hacendaria que prevé la implementación de un impuesto al carbono, “es una medida principalmente recaudatoria y de mínimo impacto para el mejoramiento del ambiente”, consideró la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes).
El director ejecutivo del organismo privado, José Ramón Ardavín, consideró que hay una evidente contradicción entre el impuesto propuesto por el Ejecutivo federal y lo que establece la Ley General de Cambio Climático en su artículo 92, segundo párrafo.
Dicha Ley precisa: “Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios”.
Ardavín refirió que la propuesta de reforma hacendaria busca imponer un impuesto de 70 pesos por tonelada de carbono antes que atender las oportunidades evidentes de mitigación de gases de efecto invernadero.
Entre estas, mencionó el fomento y los incentivos a las energías renovables; la conversión de sistemas de diesel y otros combustibles a gas natural; y a la promoción del transporte público eficiente y generalizado en los mayores centros de población, entre otras medidas.
A diferencia de lo que ocurre en otros países, dijo, en México “la propuesta de impuesto no da opciones al sector privado debido a que el país no tiene una oferta suficiente de gas natural ni de energías renovables”.
El director del Cespedes estimó que el pretendido nuevo impuesto “genera condiciones de clara desventaja con nuestros competidores comerciales, sobre todo con aquellos que no tienen medidas similares; y promoverá que la producción de bienes y servicios migre a otros países, en detrimento de nuestra producción y de nuestros empleos”.
Respecto al impuesto al carbono, agregó que el proyecto de reforma es incongruente pues mientras las gasolinas han recibido un subsidio de cerca de 90 mil millones de pesos en lo que va del año, el impuesto al carbono recaudaría poco más de 20 mil millones de pesos.
“La gasolina no tiene un efecto inflacionario como lo tendrían los demás combustibles que se usan para generar energía eléctrica, y aquellos que utilizan todas las industrias, además del transporte de carga, por lo que tendría mucho mayor sentido eliminar el subsidio a la gasolina que imponer un nuevo impuesto con claros efectos inflacionarios”, expuso.
Consideró que el sector transporte merece una mención especial, ya que por sí solo es el principal emisor de gases de efecto invernadero, debido a que representa 35% de las emisiones por consumo de combustibles y 44 de las emisiones sujetas al impuesto.
De ahí la importancia de promover sobre todo el transporte público eficiente, y eliminar, la importación de vehículos “chatarra” o también llamados “chocolates”, cuya circulación está prohibida en Estados Unidos.
Dichos vehículos, subrayó, contaminan entre 10 y 100 veces más que los nuevos, y se importan anualmente en una cantidad cercana a las 500 mil unidades por año, prácticamente igual al número de autos nuevos que se venden anualmente en México.
Resaltó que adicionalmente al impuesto al carbono, en otro apartado de la iniciativa de reforma hacendaria, se suprime la depreciación acelerada en generadores eólicos y en inversiones en energías renovables en general y en cogeneración.
También en sistemas de conversión a gas natural, y otras tecnologías que reducen el consumo energético y las emisiones contaminantes, y por lo mismo, la iniciativa de reforma hacendaria está desincentivando las inversiones sustentables, concluyó Ardavín.
EL DATO
70 pesos por tonelada de carbono, el impuesto que plantea la propuesta de reforma hacendaria
20 mil mdp se recaudaría por este gravamen