Un año después de que se aprobara la Ley General contra la Trata de personas se publicó el reglamento que se necesita para su aplicación, hoy entró en vigor.
La ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos, tiene por objeto establecer los tipos penales y las sanciones correspondientes, también establece los mecanismos para salvaguardar la integridad y seguridad de las víctimas, y la reparación del daño.
El grupos más vulnerables son mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad y migrantes indocumentados, que son sometidos a trabajos forzosos en la agricultura, servicio doméstico, ventas ambulantes y son obligados a mendigar, en otros casos son obligados por grupos delictivos a trabajar como sicarios, vigilantes y contrabandistas de droga.
El reglamento señala que la Subsecretaría de Normatividad de Medios tendrá la obligación de vigilar y monitorear permanentemente difusiones de anuncios clasificados y avisar a la Fiscalía aquellas que pudieran ser ilícitas o engañosas, esto como medida precautoria.
La embajada estadounidense en México señaló, en el “Informe sobre Trata de Personas 2012”, que la mayoría de las víctimas de explotación sexual que se encuentran en el país provienen de países de Centro y Sudamérica, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas personas son enganchadas con falsas promesas de empleo o de relaciones románticas.
La Procuraduría General de la República, en coordinación con la instancia de atención a víctimas, serán las encargadas de brindar la asesoría jurídica a la víctima y brindarle la protección necesaria. Los Albergues, Casas de medio Camino y Refugios deberán garantizar un alojamiento digno y servicios de alimentación, aseo personal, así como los medios para poder comunicarse.
Cuando una víctima sea extranjera, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones exteriores tomarán las medidas para permitir que estas personas permanezcan en el territorio hasta su total recuperación u obtención de una situación migratoria regular.
En cuanto a la reparación del daño, el Ministerio Público Federal tendrá que solicitar al juez la reparación del daño causado, en caso de que el sentenciado no cubra los gastos, la instancia de atención a víctimas tendrá que celebrar convenios de colaboración de prestadores de servicios de salud para que los gastos médicos sean absorbidos por el Fondo.
La Secretaría Técnica de la Comisión tiene 90 días para crear una base de datos para dar seguimiento al Programa Nacional en la materia, en 120 días se deberá realizar el diseño de los programas de actualización, formación y capacitación.
En el Informe, el gobierno de Estados Unidos señaló que México se encuentra en Nivel 2, es decir, que no cumple con las normas mínimas para la eliminación de este delito pero que hace esfuerzos por combatirlo.
Sin embargo, los fondos otorgados, las investigaciones, procesamientos, condenas y sentencias son bajos. Algunas ONG y representantes del gobierno informaron que algunos funcionarios toleran la trata de personas y en ocasiones son cómplices de ella, señala el documento.
Las zonas turísticas de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez, son las principales en donde se detectó el turismo con fines de explotación sexual a menores. Los estadounidenses, canadienses y europeos, son los principales involucrados en este tipo de turismo.