Luego de que en diciembre del año pasado se reformara el artículo 362 del Código Penal del DF con el fin de aminorar las sanciones por ataques a la paz pública, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM en la Asamblea Legislativa trabajan en iniciativas propias para sancionar con penas más duras a quienes agredan a elementos policiacos y buscan revertir, con una contrarreforma, lo aprobado en diciembre.
Entrevistados por separado, los legisladores informaron a 24 HORAS que presentarán sus propuestas sobre los cambios al Código Penal para que se aprueben en este periodo ordinario de sesiones.
Aunque aseguraron que aún no hay consenso ni pláticas entre las bancadas sobre este tema, señalaron que hay voluntad y condiciones para conjuntar las diferentes visiones e impulsar un solo dictamen.
Coincidieron en la urgencia de regular los ataques y agresiones en contra de los elementos de la policía con sanciones equivalentes a cárcel.
El secretario de la comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea, el perredista Arturo Santana, informó que en breve presentará una iniciativa para reformar el artículo 267 de Código Penal para catalogar como delito grave y sin derecho a fianza el ultraje a la autoridad.
Informó que hasta el momento el jefe de Gobierno no ha enviado o propuesto una iniciativa para sancionar con penas mayores a quien ataque a las autoridades o dañe el patrimonio público, pero adelantó que próximos días los asambleístas buscarán reunirse con el mandatario capitalino para presentarle la propuesta.
Añadió que si el mandatario capitalino envía cualquier minuta sobre este tema, será bienvenida para nutrir el debate al interior del órgano legislativo y aseguró que en la iniciativa que presentará no está contemplada una contrarreforma al artículo 362, pues la reforma inicial a dicho artículo se hizo por considerar exagerada la sanción por el delito de ataques a la paz pública.
“Lo que queremos es incrementar las penas para constituirlo como un delito grave y no se vulnere a las fuerzas policiacas o de la policía… Cuando se exceden en contra de ellos, quedan prácticamente indefensos, queda indefensa la sociedad”, dijo.
En cambio, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, informó que están en pláticas con el PRD para modificar nuevamente el artículo 362, para que se considere nuevamente como delito grave los ataques a la paz pública y que insistirán en que se considere como un delito grave equivalente a cárcel y sin derecho a fianza.
Acusó que el PRD ahora intenta modificar al artículo 267 del Código Penal en un intento por revertir la reforma del artículo 362 y añadió que el partido del sol azteca no quiere reconocer que se equivocó.
“Quieren enmendar su error, pero no se atreven a hacerlo en su mismo artículo”, mencionó.
El panista agregó que de aprobarse una iniciativa de este tipo, esta ley se aplicaría a todos aquellos manifestantes que pongan en riesgo el patrimonio público o privado, así como la integridad física de los ciudadanos o de los policías, lo que tendría una sanción penal.
“Lo único que se puede castigar es que los manifestantes dañen el patrimonio ajeno, sea público o privado, y que agredan físicamente a ciudadanos y policías, el orden de las marchas debe venir en la ley”, indicó.
Señaló que la propuesta del PRD sobre modificar los ultrajes a la autoridad está más encaminada a defender a las autoridades y funcionarios de gobierno, dejando de lado a los ciudadanos, por ello, insistió que al de Partido de la Revolución Democrática sólo le preocupa que ataquen al gobierno, no a los ciudadanos.
Por su parte, el vicecoordinador del PRI, Jaime Ochoa, informó que su bancada también trabaja en un dictamen propio para modificar el artículo 362.
Aseguró que están cabildeando con otras fracciones que se incrementen las sanciones tanto por los delitos de ataques a la paz pública, como de ultraje a la autoridad y enfatizó que impulsarán que también se sancione a quien dañe a comercios y propiedad privada.
En tanto, el coordinador del PVEM, Jesús Sesma, ya presentó en la Asamblea legislativa su contrarreforma a este artículo con el fin de no fomentar más la impunidad y volver a considerar como delito grave la alteración de la paz pública, aumentado la pena hasta por 10 años de prisión.
Comentó que también se deben reformar también los artículos 287, 288 y 289, equiparando la misma sanción para los delitos de ultrajes a la autoridad, el ejercicio ilegal del propio derecho, lo que también implica la vejación de los derechos de los agentes de la ley.
Explicó que ellos votaron a favor en diciembre por los cambios al artículo 362 por que el PRD aseguró que lo podrían controlar, pero en vista de que las manifestaciones se salen de control, buscarán darle “dientes” a las autoridades para detener a aquellos vándalos que sólo acuden a las marchas para cometer delitos. Montserrat Galván .
Los presidentes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE), Gerardo López, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Luis Beato entregaron una solicitud al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, para la regulación de las marchas en el Distrito Federal con el fin de evitar mayores afectaciones económicas por esta movilizaciones en la ciudad.
EMPRESARIOS PIDEN REGULAR MARCHAS
Los líderes empresariales señalaron que los créditos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal son insuficientes para cubrir las pérdidas económicas de aproximadamente 850 millones de pesos durante los plantones y marchas realizadas por la CNTE desde el pasado 19 de agosto.
Respecto al Fondo de Capitalidad, López Becerra y Beato González advirtieron que si bien están de acuerdo con su creación, éste debe ir acompañado de una reglamentación de marchas y mítines, de lo contrario los recursos serían insuficientes para resarcir los daños en caso de seguir permitiendo más plantones y manifestaciones.
“Es una buena intención del jefe de gobierno, ojalá no se quede sólo en una buena intención”, detallaron.