ATENAS. Trabajadores de la función pública de Grecia pertenecientes al principal sindicato de estatales (ADEDY) se levantaron en huelga de 48 horas después de que consideraran un “éxito” de movilización el paro de dos días de la semana pasada para manifestarse contra las políticas del memorándum que desmantelan los servicios públicos y sociales.

 

Están en huelga los trabajadores de las escuelas estatales, oficinas de impuestos, los maestros y el personal de sanidad, por lo que los hospitales atenderán sólo urgencias, ambulancias y servicios sociales.

 

Aunque el sindicato de trabajadores del sector privado (GSEE) rechazó la petición de ADEDY de sumarse al paro general, hay otros sectores como el de trabajadores portuarios y pilotos de embarcaciones que sí decidieron participar.

 

Por su parte, los periodistas decretaron un paro de tres horas en solidaridad con las protestas del sector público.

 

Por otro lado, al margen de la medida de fuerza de ADEDY, continúan en huelga desde el inicio de la pasada semana, los trabajadores de la administración municipal, los maestros de escuelas secundarias, empleados de las cajas de la Seguridad Social y de oficinas de Empleo, así como el personal de administración de las universidades, que ayer votó a favor de continuar el paro a lo largo de toda esta semana.

 

Miles de personas participaron en marchas pacíficas, lanzando consignas contra las medidas de austeridad por el centro de la capital y en Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, situada en el norte.

 

La avalancha de huelgas de esta semana y de la precedente coincide con la visita de la troika en la que, además de examinar el estado de las cuentas, se pedirán resultados en el plan de reducción de personal del sector público, una de las condiciones para seguir recibiendo ayuda financiera.

 

El gobierno del conservador Andonis Samarás se ha comprometido con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a colocar a 12 mil 500 funcionarios hasta finales de mes y a otros tantos hasta finales de año en el llamado esquema de movilidad laboral.

 

Además del paso de 25 mil funcionarios al esquema de reserva laboral, el despido de cuatro mil funcionarios hasta fin de año y el de otros 11 mil el próximo forman parte de las condiciones impuestas por los acreedores internacionales.

 

Grecia ha dependido de miles de millones de euros que le concedieron en préstamos de rescate otras naciones europeas de la zona del euro y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2010. A cambio se le ha exigido que reestructure su economía e imponga duras medidas de austeridad que incluyen recortes salariales y de pensiones de jubilación, la imposición de nuevos impuestos y reiterados incrementos de los existentes.

 

Grecia necesita de su aprobación a fin de obtener el desembolso de la siguiente cuota, que asciende mil 350 millones de dólares en octubre.