NUEVA YORK.— Nicaragua volvió a ser blanco el miércoles de las iras de un vecino que la criticó en la Asamblea General de las Naciones Unidas por lo que muchos perciben como ambiciones territoriales desmedidas.

 

Esta vez fue el turno de Panamá, cuyo presidente Ricardo Martinelli dijo que Nicaragua vulnera los tratados vigentes entre las dos naciones al intentar hacer una nueva delimitación de fronteras marítimas.

 

El enojo con Nicaragua obedece a su decisión de radicar una demanda ante tribunales internacionales para delimitar las fronteras entre la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia, en una iniciativa que podría afectar también a Panamá, Costa Rica y Jamaica.

 

En días previos los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Costa Rica, Laura Chinchilla, cuestionaron también severamente el comportamiento de Nicaragua.

 

Martinelli dijo que no pone en duda el derecho de Nicaragua a presentar una solicitud ante la Comisión de Derechos de Límites de la Plataforma Continental de la Convención sobre el Derecho del Mar de la ONU “con miras a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas”.

 

Pero expresó “profunda y enérgica preocupación en el sentido de que las coordenadas trazadas en la solicitud nicaragüense generan una inobjetable superposición a nuestros espacios marítimos y a los tratados concertados por Panamá con sus vecinos, resultando afectada un área marítima aproximada de 49.892 kilómetros cuadrados”, según el mandatario.

 

Martinelli dijo que “en ningún momento (Panamá) ha desconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”, que el año pasado concedió a Nicaragua algunos territorios y espacios marítimos disputados.

 

En un discurso de tono mucho más moderado que el de la jornada previa de la presidenta tica Chinchilla, quien acusó a Nicaragua de “agresiones”, Martinelli dijo que “el profundo malestar que sienten el pueblo y el gobierno de Panamá no radica en la solicitud formulada por Nicaragua de extender su plataforma continental sino en el hecho de que, siendo países a los que nos unen lazos de amistad, proximidad geográfica, vecindad regional e integración política y económica, no se nos haya consultado antes de presentar dicha solicitud”.

 

Acotó que “el intento de delimitación de fronteras marítimas” de Nicaragua “vulnera los tratados vigentes con Panamá, los cuales hemos cumplido de buena fe, así como nuestros legítimos derechos marítimos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional”.

 

Si bien el tono de Martinelli fue más moderado que el usado por Chinchilla y Santos, contrastó con el de su canciller Fernando Núñez Fábrega luego de un encuentro aparentemente cordial con su colega nicaragüense Samuel Santos en la ONU en el que llegaron a un acuerdo preliminar para que, en caso de que haya un traslape, no afecte las aguas territoriales panameñas.

 

“La política del gobierno de Nicaragua es no afectar a Panamá”, dijo Núñez Fábrega en esa ocasión.

 

Santos agregó que “nuestra solicitud no afecta a Panamá. No vamos a afectar a terceros países. En caso de que haya un traslape, buscaremos una fórmula de entendimiento con Panamá, como hicimos con Jamaica”.

 

“El traslape podemos compartirlo, siempre y cuando no afecte las aguas territoriales panameñas, ni la salida del Canal, que tiene un Tratado de Neutralidad suscrito por la comunidad internacional”, dijo Núñez Fábrega. “Si la intención de Nicaragua afectara la entrada del Canal, cualquiera de los firmantes del Tratado de Neutralidad pudiera objetarla”.

 

El pasado 19 de noviembre, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre siete cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés, pero movió 200 millas náuticas hacia el este la frontera marítima que reconocía el gobierno de Bogotá en el Mar Caribe, adjudicando a Nicaragua más de 90 mil kilómetros cuadrados de mar que estaba bajo soberanía colombiana.

 

El gobierno colombiano dijo que acoge el fallo, pero no lo acata, por considerarlo inaplicable mientras no se resuelvan una serie de cuestiones limítrofes.

 

Santos dijo que se debe firmar un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona porque “los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya”.

 

La demanda radicada hace poco por Nicaragua va dirigida solo a Colombia, pero Panamá, Costa Rica y Jamaica tienen sus propias inquietudes respecto a las ambiciones nicaragüenses.

 

Las regiones de Gauancaste y Nicoya están en el centro de la disputa con Costa Rica.

 

Nicaragua no ha respondido por ahora a esta andanada de sus vecinos y suspendió una conferencia de prensa que había anunciado para hoy su delegado ante la CIJ Carlos Argüello en la sede de la ONU.

 

Su presidente Daniel Ortega ha negado en el pasado que Nicaragua tena pretensiones expansionistas y dice que los territorios en disputa le habían sido despojados.

 

Sus vecinos, afirmó, “se han aprovechado de situaciones internas para adueñarse del territorio (nicaragüense), pero nos acusan de expansionistas”, declaró, asegurando que Costa Rica no tiene sustento legal para conservar las regiones de Guanacaste y Nicoya.

 

En el caso de Colombia, Ortega ha recordado que el Tratado Bárcenas-Esguerra que le dio a Bogotá soberanía sobre las islas de San Andrés y demás cayos se firmó en los años 1930, cuando su país estaba intervenido por Estados Unidos.

“No se puede decir que ese tratado lo firmamos los nicaragüenses cuando estábamos ocupados militarmente”, manifestó Ortega.